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Nisman: La Víctima 86

Nisman

El fiscal Alberto Nisman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero. La flamante historia oficial dice que se suicidó y los voceros del gobierno junto con el sistema paraestatal de medios no dudaron tomar ese camino, haciendo hincapié que la puerta del departamento estaba cerrada por dentro y que era custodiado por diez policías. Les faltó decir que el caso estaba completamente esclarecido. La tesis del gobierno se completaría con que Nisman tomó la decisión del suicidio porque no podría mantener sus acusaciones frente a los legisladores, que a juicio de la diputada Diana Conti iban a salir “con los tapones de punta”. La tesis es perversa pero es la que más le conviene al gobierno.

El problema es que nadie cree que Nisman, si es que verdaderamente se suicidó, haya tomado esa decisión al menos libremente. La diputada Patricia Bullrich declaró que el sábado habló con el fiscal al menos en cuatro ocasiones y en todas ellas dialogaron de lo que iba a ser la presentación en el Congreso. Explicó que en esas comunicaciones lo percibió como un hombre que estaba trabajando.

Es difícil y casi inverosímil creer que Nisman se suicidó por razones personales y la conjetura más difundida es que lo “suicidaron”. Se llama suicidio inducido. La muerte de Nisman beneficia al gobierno, a los iraníes y a determinados grupos de inteligencia que mantienen una disputa entre sí. Si efectivamente alguien tomó la decisión que Nisman debía morir, es evidente que entendió que era el “mal menor”. El objetivo era que no hablara frente a los diputados de la Comisión de Legislación Penal. Se trata de la confirmación que la investigación del fiscal tiene un enorme valor para deslindar responsabilidades en la nueva trama de encubrimiento para garantizar la impunidad de los iraníes y que tendría como principal responsable a Cristina Fernández de Kirchner. Ademá, implica la partida de defunción definitiva del vergonzoso memorándum con Irán.

Para Lestelle hay diputados que parecen empastillados

Lestelle

Alberto Lestelle fue el primer titular del Sedronar en la presidencia de Carlos Menem, a raíz de las declaraciones de Sergio Berni relacionadas a que los funcionarios debían someterse a una rinoscopía declaró en Contrapunto (Fm Identidad 92.1) “que estos muchachos atrasan veinte años, ahora hay métodos más efectivos”; dijo el ex funcionario cuando fue consultado por las declaraciones del secretario de seguridad.

Lestelle además dijo:“Yo he visto a diputados no poder hilvanar dos palabras seguidas, no sé por qué, si estarán empastillados” y cuando se le consultó sobre si continúan los “nariguetazos”, respondió que los hubo, lo hay y los habrá siempre pero con la salvedad que ahora aumentaron. 

ECHALE LA CULPA A MASSA

sergio berni

“Lo que le pasó a Massa no es grave, es un hecho de inseguridad. Lo que es grave es cómo manipuló la información”, declaró Sergio Berni a Radio 10 y acusó al intendente de Tigre de utilizar el robo a su domicilio con fines electorales. Además, responsabilizó a la justicia por no haber difundido la denuncia.

El explicación de Berni es por lo menos extraña y al igual que Horacio Verbitsky, que reveló el episodio, busca responsabilizar a Massa. A medida que pasan las horas la polémica crece. Todavía el gobierno no se ha animado a decirlo explícitamente, pero da a entender que el robo en la casa del intendente de Tigre fue armado por él mismo como una acción de campaña. En cambio, los medios que responden a la Casa Rosada han ido más allá y prácticamente acusan a Sergio Massa de ser el autor intelectual del robo a su casa y su posterior ocultamiento para revelarlo en la veda electoral y conseguir atención mediática cuando el resto de los candidatos estaría obligado a permanecer callado.

El argumento es por lo menos rebuscado, porque si se sigue el razonamiento Massa debió convencer al prefecto Alcides Díaz Gorgonio de montar un show mediático para sus propias cámaras de seguridad, a riesgo que el oficial de la Prefectura termine preso; como está en estos momentos. Sergio Berni, en el programa 6, 7, 8 dijo que Massa debió decir que Díaz Gorgonio era su empleado, lo acusó de querer vender cámaras de seguridad y aclaró que se trataba de un hecho de inseguridad más. En línea con el gobierno, el Senador Aníbal Fernández aportó lo suyo revelando que en el año 2007 fue el propio Massa quien le pidió que el prefecto, hoy detenido, fuera designado para hacer adicionales en el barrio cerrado donde vive y que la mujer del oficial trabajaba como empleada doméstica en la casa del candidato. Sin embargo, el secretario de Seguridad de Tigre, Diego Santillán, dijo que María Martínez, no la mujer del prefecto, desde hace quince años trabaja en la casa de los Massa como empleada doméstica. “Andan carpeteando y poniendo datos de la inscripción de una persona que trabaja hace 15 años como doméstica en la casa de Sergio y la quieren mezclar con esta persona y no tienen nada que ver”, le retrucó Santillán a Fernández.

LA TRAGEDIA DE CASTELAR Y UNA REVOLUCION QUE NO FUE

castelar sarmiento

“Lo único que pretendemos es que nos ayuden cuidando las formaciones. Va a haber un antes y un después en el ferrocarril Sarmiento en los próximos meses” (30/11/2012)

“Estamos progresando rápidamente en la renovación integral de formaciones; entre febrero y marzo tendremos renovadas la mitad y antes de julio habremos intervenido en la totalidad de los trenes de la línea” (21/12/2012)

 “Puedo asegurar que cuando todo eso esté funcionando se va a notar una verdadera revolución en el transporte”.  (10/01/2013)

Las declaraciones pertenecen al ministro del interior y transporte, Florencio Randazzo. Una y otra vez prometió cambios pero la tragedia de Castelar lo desmiente brutal y dramáticamente. Su gestión se convirtió, de la noche a la mañana, en una nueva muestra de ineficiencia. Las imágenes de Castelar son una cruel copia de las de Once, un “deja vú” trágico que demuestra que los cincuenta y tres muertos y cientos de heridos del 22F no fueron suficientes para cambiar las cosas a pesar de los anuncios oficiales.

Florencio Randazzo pide prudencia y esperar el resultado de “las pericias para saber si hubo responsables de lo que ha ocurrido”. En parte, lo que señala el funcionario es cierto, sólo que las pericias apuntarán a deslindar las responsabilidades materiales de los hechos. Pero lo que no dice el ministro es que también hay responsabilidades políticas y en ese caso no se necesitan peritos, ni abogados, ni jueces. En este sentido es claro que el responsable político de lo que pasó es el propio Randazzo y su secretario de transporte, Alejandro Ramos. Las tragedias son inapelables y las responsabilidades que surgen de ellas también.

Las familias de las víctimas de Once y los sindicatos alertaron en cada conmemoración de aquella tragedia que nada había cambiado en el Ferrocarril Sarmiento a pesar de los anuncios del gobierno. La última vez fue el 22 de Mayo de este año, hace menos de un mes cuando difundieron un comunicado que decía: “En el tren Sarmiento se repiten las mismas imágenes, mes a mes. A los pasajeros los oímos quejarse del hacinamiento, de los servicios que se suspenden. El miedo se apodera de todos cada vez que un tren frena de golpe o se detiene entre estaciones”, señalaron los familiares a través de un documento. Hoy puede asegurarse que esas advertencias no eran exageradas.

DIAS DE SAQUEO

saqueos

La Argentina está conmocionada luego de los saqueos a unos 300 comercios en cuarenta ciudades del país, que dejaron unos 650 detenidos y dos muertos en Rosario. La mecha se encendió en Bariloche, una de las ciudades con mayor índice de desempleo y como un reguero se esparció a Campana, Rosario, San Fernando, Chaco y Tucumán entre otras.

El gobierno envió al caricaturesco Sergio Berni a Bariloche al mando de 400 gendarmes, luego que durante horas la ciudad quedó presa de las bandas que atacaron varios supermercados. El anuncio de la operación corrió por cuenta del Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que al mismo tiempo hizo conocer la decisión del gobierno de retomar el control del predio que la Sociedad Rural Argentina tiene en Palermo. Una torpe maniobra de distracción que va camino a convertirse en otro escándalo. Esa fue la primera reacción. La segunda llegó al día siguiente cuando, tal vez con un poco más de tiempo, el gobierno y varios de sus aliados salieron en masa a acusar a Hugo Moyano, Pablo Micheli y Luis Barrionuevo de haber urdido de manera coordinada los saqueos en buena parte de la geografía argentina. Incluso, Abal Medina decidió reescribir el más elemental de los principios de inocencia exigiendo a los acusados que probaran su inocencia. Hasta ahora el gobierno no ha mostrado una sola prueba que vincule a los dirigentes sindicales con los saqueos.

El gobierno descubrió su módica estrategia frente a los reclamos sociales que pueden volver a producirse: culpar a los adversarios políticos. Esta es una primera conclusión. La otra es que para las provincias o municipios gobernados por la oposición, no habrá ningún tipo de ayuda por parte de las fuerzas de seguridad federales. El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, lo sufrieron en carne propia después de fatigar sus teléfonos para comunicarse con la Ministra de Seguridad Nilda Garré pidiendo ayuda.  A Santa Fe no fue enviado ni un solo gendarme, que serán reservados para contener los desbordes en los territorios gobernados por el kirchnerismo. Un juego muy peligroso que demuestra que ahora no sólo los fondos sirven como herramienta disciplinadora sino también la seguridad.

EL RELATO NECESITA UN SERVICE

cabandié

Inexplicablemente el gobierno mantiene viva una protesta de suboficiales de Gendarmería y Prefectura, que en apariencia resolvería mañana martes. Apuesta al desgaste de hombres ya desgastados. A lo largo del fin de semana decidió pasar a disponibilidad a varios efectivos de la Gendarmería que habían oficiado como voceros del reclamo salarial que estalló como producto de la aplicación del Decreto 1307; que les recortó sus haberes en un 30 y en hasta un 50%. Es probable que el gobierno decida rechazar el petitorio que días atrás fue firmado por Sergio Berni, donde los uniformados pedían un sueldo mínimo de $ 7.000 y que no hubiera sanciones administrativas ni judiciales para los protagonistas del reclamos. Este último punto ya quedó comprobado que el gobierno no lo va a aceptar con los pases a disponibilidad que decidió y en cuanto al primero  se encuentra con un problema de fondos. Sin lugar a dudas, lo que decida el gobierno será decisivo para los pasos que seguirán gendarmes y prefectos.

Una vez más el gobierno ensayó una explicación conspirativa de lo que ocurre con las fuerzas de seguridad y la atribuyó a una “mano negra” que interpretó mal el decreto la protesta. Pero fue más allá e intentó equiparar un reclamo salarial, que es cierto que rompe la cadena de mando, a casi una asonada militar. Fue una clara agitación de los fantasmas del pasado que gran parte de la oposición compró firmando una declaración en defensa de la democracia.

En las teorías conspirativas que el gobierno pone en práctica para explicar su propia torpeza y falta de gestión, no podía faltar la figura de Héctor Magnetto como el CEO de esa “mano negra” que llevó a rebajar los sueldos de los efectivos de las fuerzas de seguridad. El legislador porteño Juan Cabandié, presidente del Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires y miembro de La Cámpora, declaró a Radio La Red: “Acá el señor Magnetto es responsable de esto y no da la cara…Los socios políticos de Magnetto son todos aquellos que se arrastran para tener un segundito más en TN o un parrafito en Clarín. Ahora se han asustado y se hacen defensores de la democracia y las instituciones. Pero este monstruo Magnetto tiene la convivencia política, no ahora, sino hace años”.