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Presos de su Propio Relato

Foto Infobae

Máximo Kirchner cerró la lista de oradores en la Marcha de la Resistencia. En primer lugar debe decirse que el número de fondo a cargo del “hijo” de El y Ella decepcionó un poco. Otros teloneros como el ex ministro Agustín Rossi y Hebe de Bonafini se mostraron más combativos y fueron más precisos a la hora de desnudar su verdadero pensamiento. En términos generales, los discursos pueden sintetizarse en que Mauricio Macri sería un perverso que se regocija haciendo sufrir al pueblo y esta tarea la lleva a cabo gracias a la participación de los medios de comunicación que, en definitiva, tienen el mismo objetivo que el presidente. Pero no solo eso, sino que los casos de corrupción que se descubren casi a diario no son otra cosa que una estratagema del gobierno para tapar la grave situación en que ha sumido al país. Esta línea argumental la ensayó Agustín Rossi, quien será recordado como el ministro de defensa al que se le perdió un misil, se le hundió un barco amarrado en un muelle, constantemente le robaban armas y municiones de las bases militares y no fue capaz de reparar el rompe hielos Almirante Irizar a pesar de haber gastado una fortuna.

Así, siguiendo este razonamiento es fácil concluir que José López arrojando nueve millones de dólares en bolsos en un convento, las más de doscientas propiedades de Lázaro Baéz, los $ 206 millones que Hebe de Bonafini debe explicar a dónde fueron a parar en la causa “Sueños Compartidos” y la propia e inexplicable fortuna de la familia Kirchner se tratan de una gran montaje de Macri para distraer al mismo pueblo que se propuso hambrear. Todo el razonamiento es insólito y se derrumba sin mayor esfuerzo. Es cierto que no se debe soslayar la impericia de este gobierno, no sólo para resolver los problemas pero también para agravarlos.

PELOTUDOS

schiaviHebe de Bonafini, con la violencia verbal que la caracteriza, le dijo a Juan Pablo Schiavi que era un pelotudo, a raíz de las desacertadas declaraciones del funcionario sobre la tragedia de Once. Como se recordará, el sucesor de Ricardo Jaime había explicado en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas –una creación nacional y popular del kirchnerismo- que el número de muertos fue tan alto porque los dos primeros vagones del tren estaban “abarrotados” de pasajeros. “Esto pasa por como somos los argentinos, que nos queremos bajar primero para salir antes o no tomar el colectivo”, explicó Schiavi. Un argumento que parece responsabilizar a los muertos por morirse. No conforme, el funcionario agregó un argumento insólito: “Si esto pasaba ayer hubiera sido mucho menor”. El día anterior, como se recordará, había sido feriado y seguramente el tren transportaría menos pasajeros y, por lo tanto, siempre de acuerdo a su razonamiento se hubieran producido menos víctimas y la tragedia sería menos trágica.

La Real Academia Española le asigna cuatro acepciones a la palabra pelotudo: 1) Que tiene pocas luces o que obra como tal. 2) Que ha llegado a la adolescencia o a la juventud. 3) De gran tamaño. 4) Lerdo, parsimonioso, irresponsable. La primera de las definiciones es la adoptada en Chile, Uruguay y la Argentina. El lector determinará si a Schiavi le cabe el calificativo que le espetó Hebe de Bonafini. En mi opinión Schiavi no es un pelotudo. Los pelotudos somos los argentinos. Sí, los argentinos somos los pelotudos que como un manso rebaño estamos dispuestos a bancarnos cualquier cosa sin decir nada. Somos tan pelotudos que Cristina Fernández de Kirchner, siempre a tiro de cadena nacional, consideró que 51 muertos y más de setecientos heridos no son suficientes para hablarle al país que le dio la reelección. La Presidenta no demostró ni un poco de sensibilidad y ello no es una cuestión ideológica, esa es la falla humana que es peor que la política. ¿Sabés por qué lo puede hacer? Porque sabe que nadie le exige en serio. Porque después de Ricardo Jaime, Norberto Oyarbide y la multiplicación de su fortuna consiguió la reelección con el 54 por ciento.

Juan Pablo Schiavi no es un pelotudo, pero nos trata de pelotudos cuando dice lo que dice y termina echándole la culpa a los muertos por querer bajar rápido para llegar al trabajo. ¿Cuántas veces Schiavi habrá tomado los trenes que controla? Probablemente ninguna. Somos pelotudos cuando el gobierno nos anuncia que se presenta en la causa como querellante, que viene a ser lo mismo que ser víctima después que desoyó las conclusiones de la Auditoría General de la Nación. Hace más de tres años la auditoría llevada a cabo por la AGN estableció: 1) Que TBA no había presentado los Planes de Mantenimiento correspondientes al periodo auditado. 2) Los distintos componentes del sistema de vía presentan un estado deficitario y como paliativo de la situación se restringen las velocidades máximas de circulación. 3) TBA no realiza un mantenimiento adecuado del material rodante. 4) La gestión del concesionario puede caracterizarse como ineficaz, acorde al estado deficitario de conservación que presenta el sistema. 5) El control efectuado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) con relación a la seguridad y al mantenimiento del material rodante, no se condicen con las metas que TBA y la CNRT se habían propuesto alcanzar. Es interesante señalar sobre este punto que en el 2005, la CNRT firmó la II Carta Compromiso con el Ciudadano a través de la cual el organismo se comprometía a realizar 140 inspecciones; 70 en la Línea Mitre y otras tantas en el ramal Sarmiento. En el 2005 de las 70 inspecciones de seguridad programadas para la Línea Sarmiento, se realizaron 42 mientras que el año siguiente alcanzaron las 64.  Así, se efectuaron sólo 106 inspecciones de seguridad en dos años, cuando debieron llevarse a cabo 140. Ello representa un 75% de las inspecciones programadas, o dicho de otra manera, las metas de inspección comprometidas por la CNRT fueron deficientes en un 25%. Nada se sabe de cuál fue la razón por la que el organismo de control incumplió su II Carta Compromiso con el Ciudadano. Es probable que ni siquiera se haya ensayado una explicación debido a que se verifica la tesis de este artículo: somos tan pelotudos que ningún funcionario perderá su tiempo explicando por qué no cumplió con aquello a lo que se comprometió. 7) Ahora bien, si el punto anterior es grave, lo que sigue es aún mucho peor. En el punto 4.1.3.2 del informe de la AGN puede leerse: “La CNRT no garantiza la adecuada seguridad operativa al no verificar, en todos los casos, las medidas adoptadas por TBA para subsanar las deficiencias observadas, ni tampoco efectúa un seguimiento sobre su evolución”. Es fácil lo que sucede. La Comisión detecta una irregularidad y en ningún caso verifica que TBA la subsane, por lo que la seguridad no está garantizada. Por si a alguien no le quedó claro, la CNRT depende de Schiavi pero en ese entonces pertenecía a Ricardo Jaime y es el organismo encargado de controlar, entre otras cuestiones, la seguridad de los trenes pero sencillamente no lo hace. ¿Tendrá algo que ver esta situación con la estrecha vinculación que unía a los Cirigliano con Jaime? Estrecha a tal punto, que la justicia investiga si Jaime no utilizaba el avión de Cirigliano para sus viajes particulares e inclusive si el empresario directamente no le compró un avión. Probablemente, estaría cansado de tener que prestarle el suyo cada vez que Jaime quería ir a Córdoba o al Brasil.

El titular de la Auditoría General, el radical Leandro Despouy –que el gobierno y una parte del propio radicalismo buscan desplazar del organismo, declaró en Contrapunto por FM Identidad 92.1 que el Estado tiene suficientes causales desde el 2008 para rescindirle el contrato con TBA, a causa de los incumplimientos de la concesionaria. Dicen que por estas horas el gobierno estudia llevar a cabo esta medida. Parece increíble que todavía tengan que estudiar el asunto y que 51 muertos y más de setecientos heridos no sean suficientes. Los tiempos políticos necesariamente tienen que ser mucho más veloces que los de la justicia.

El viernes, Juan Carlos Cena, ex trabajador ferroviario y autor de El Ferrocidio, entrevistado en Contrapunto coincidió con Despouy en cuanto a que el gobierno finalice de inmediato la concesión con TBA. Además, agrego que “no hay ninguna diferencia entre la gestión de Schiavi y la de Jaime. Schiavi tiene una torpeza militante. Todos los que está debajo de Schiavi son los mismos funcionarios que están hace años”. Cena fue bastante más elegante que Bonafini a la hora de calificar al Secretario de Transportes, aunque parece que su gestión y la de Jaime se diferenciarían muy poco.  Además, Cena aportó otro dato que fue confirmado más tarde. “El tren no tenía aire en los cilindros de frenos. El maquinista no lo pudo frenar y además el tren venia cargadísimo. Estaban todos los compresores parados y sin funcionar. El maquinista estuvo hasta último momento como un capitán de barco”. Más tarde, Marcos Córdoba, el motorman del tren, declaró a la justicia que una estación antes de llegar a Once se dio cuenta que no tenía frenos y avisó pero le respondieron que siguiera. Exactamente lo mismo que declaró Cena en Contrapunto en horas de la mañana. Si los peritos designados por el juez confirman los dichos del maquinista, las causas del accidente se deberían a la falta de mantenimiento, que no es otra cosa que lo que la AGN veía denunciando desde hacía cuatro años. Entonces, llegamos a la triste conclusión que la tragedia pudo haberse evitado si se tomabas las medidas a tiempo y ello tiene relación directa con la falta de control por parte del Estado, que ahora con un nivel de cinismo que alarma se presenta en la causa como querellante. Para que quede claro, el gobierno pretende convertirse en víctima cuando es uno de los responsables del siniestro y por lo tanto el juez podría sospechar que si fuera aceptado como querellante podría entorpecer la investigación. No es un planteo aventurado, no debe olvidarse que desde el gobierno se dejó deslizar que la causa de la tragedia se debió a una falla humana y casualmente Roque Cirigliano, el responsable de mantenimiento y primo de Mario y Claudio, dijo lo mismo.

El viernes en Contrapunto también habló Horacio Caminos, que ocupa el cargo de Secretario de Prensa de La Fraternidad, el gremio que aglutina a los maquinistas. Lo primero que podría pensarse es que caminos defendería a su afiliado Marcos Córdoba. No fue así. Caminos dijo: “No voy a hablar hasta que no estén las pericias… como en todos los accidentes hay dos factores: uno humano, otro técnico o ambos. Pero hasta que los peritos no se expidan es apresurado aventurar cualquier cosa”. No parece ser un dirigente que le ponga el hombro a un afiliado que en ese momento estaba en terapia intensiva y sorpresivamente Caminos declaró que “hoy no es seguro viajar en tren” y que “el maquinista sale con trenes en mal estado por las presiones laborales”. La acusación del dirigente de La Fraternidad es muy grave, sin embargo a esa altura visiblemente molesto por el cariz que había tomado el reportaje, dijo que los paros no se hacen por estas cosas. Queda claro que el gremio no protege ni siquiera la seguridad de sus propios afiliados. Caminos perdió la paciencia y luego de acusar a este periodista de tener poco vuelo intelectual cortó abruptamente la comunicación. Por las dudas, Caminos no es ningún pelotudo. Consultado por esta extraña actitud del sindicalista, Juan Carlos Cena afirma que “Caminos tiene intereses creados él y toda la burocracia sindical. Desde La Fraternidad no sacaron ningún comunicado, hay un silencio sospechoso de los sindicatos”.

El subsecretario de Transporte Ferroviario se llama Guillermo Antonio Luna y según Néstor Pitrola del Partido Obrero, integra el directorio de empresas tercerizadas ferroviarias y es socio de José Pedraza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Mariano Ferreyra. Luna, según el curriculum publicado por la Secretaría de Transportes, también ocupa el cargo de  Secretario de Política Ferroviaria del Consejo Directivo del Sindicato La Fraternidad. Sí, el mismo gremio al que pertenece Caminos. Luna se convirtió en Subsecretario en 2006 y llegó al cargo de la mano de Ricardo Jaime. Así, se confirma lo que dijo Cena en Contrapunto sobre que no hay ninguna diferencia entre la gestión de Juan Pablo Schiavi y la de Jaime. La página web de la Secretaría de Transportes afirma que la subsecretaría a cargo de Luna “interviene en la elaboración, ejecución y control de las políticas, planes y programas referidos al transporte ferroviario, de carga y de pasajeros en todo el territorio nacional. También asiste en la supervisión respecto del funcionamiento de las empresas ferroviarias de cuyo capital social el Estado Nacional tiene participación accionaria”. Parece que Luna no habría cumplido demasiado bien con su trabajo. Aclaro algo, Luna no es ningún pelotudo tampoco. Un detalle, Luna ostentaba el mismo cargo cuando la AGN emitió el duro dictamen sobre la Línea Sarmiento.

Cristina Fernández de Kirchner no habló en público. Ni siquiera una palabra de aliento para los familiares de las víctimas y los heridos, mostrando una falta de sensibilidad pocas veces vista. El 54 por ciento no da derecho a ser menos humana con el pueblo, pero en un punto esta sociedad se merece ser tratada así porque no exige, ni es capaz de mirar más allá de las cuotas del plasma. Los pelotudos somos nosotros.

UNA DE TERROR

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Hay algo que está tremendamente mal cuando una ley en vez de mejorar el pacto social entre los argentinos, pareciera encaminarse a ser un instrumento de persecución y conseguir el resultado totalmente opuesto. Paradójicamente, eso es lo que pasa con la Ley Antiterrorista, recientemente sancionada por el Congreso, promulgada por Cristina Fernández de Kirchner y publicada en el Boletín Oficial el 28 de Diciembre. Hasta la fecha parece una pieza de humor negro. Se supone que la Ley Antiterrorista debe ser una eficaz herramienta para combatir, justamente, el terrorismo. Sin embargo, a lo largo de su texto todo indica que pareciera estar concebida para sembrarlo. Sí, algo está mal con esta ley; tanto que Carta Abierta, Hebe de Bonafini, el CELS y el juez Eugenio Zaffaroni la han criticado. Nadie podrá pensar que estas críticas provienen de sectores de la derecha reaccionaria que se oponen al modelo nacional y popular que ahora propone profundizar el gobierno.

En un principio esta norma no tuvo demasiada difusión porque los grandes medios estaban más preocupados por la ley que reglamenta la producción, venta y distribución de papel para diarios. Así, casi inadvertidamente, la Ley Antiterrorista se abrió camino. Si la primera atenta contra la libertad de prensa, la segunda es mucho más grave porque es más abarcativa y al parecer tiene como destinatarios a todo aquel que no piense como el gobierno.

La Ley Antiterrorista reforma el Código Penal estableciendo que: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”. Ahora bien, la primera pregunta que debe hacerse es qué significa aterrorizar a la población, esta cuestión no está definida en el texto legal y por lo tanto ello queda a la libre interpretación de un juez, que para más datos será un juez federal con las sospechas que recaen sobre este fuero. Además, al no haber una definición objetiva ello implica que cada magistrado podrá elaborar su propia definición de lo que significa aterrorizar a la población. Así, para un juez una determinada conducta podrá implicar un acto de terrorismo en un juzgado, que implicará incrementar el mínimo y el máximo de la pena de un cualquier delito del Código, mientras que en otro a la misma conducta le recaerá una pena simple. Un fenómeno que se conoce como escándalo jurídico. Inclusive, podría traer aparejado una consecuencia grave, que aquel que efectivamente quisiera llevar adelante un hecho terrorista, por obra y gracia del azar su causa recayera en un juzgado que hubiera acuñado una definición de acto terrorista que no se ajuste al hecho que se investiga y el delito quedara impune. Pero lo que es peor es podría darse el resultado a la inversa y alguien que no tuvo la finalidad de aterrorizar sea condenado como un terrorista y sobre él recaerá el doble de la pena que hubiera debido afrontar. Claramente, esto es algo que viola las más elementales garantías constitucionales. Pero si ya esto es muy preocupante en un gobierno que se dice progresista, es peor cuando es esta misma administración podría utilizar esta nueva figura penal para perseguir a las personas que no coincidan con el modelo nacional y popular. Así, a falta de una definición emanada del Congreso cualquiera podría ser incluido. En este sentido, el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, aseguró ayer que la ley antiterrorista previene que “un grupo de personas con gran poder económico” inste a “vaciar las reservas o aterrorice a la población” y sumó al concepto de “golpe de mercado” a “los medios” que puedan difundir esas situaciones. “Los que generan eso es un núcleo muy reducido de operadores que luego difunden los medios”, aseguró el controvertido funcionario y agregó que: “Y bueno, eso es aterrorizar a la población”. Es decir todo y nada y cualquier acción puede transformarse “convenientemente” en un acto terrorista como la decisión de un empresario de aumentar los precios, cortar una calle, comprar dólares como reserva de valor frente a una economía con alta inflación y, por supuesto, cualquier periodista que difunda el hecho. Frente a las declaraciones de Sbatella, perfectamente podría considerarse un acto terrorista la difusión de los índices de inflación de las consultoras privadas que llevarían a la cárcel al economista que los elaboró y al periodista que lo publicó. Es más, este mismo artículo podría tratarse de un acto terrorista. ¿Cuál sería el límite? No hay y eso es lo terriblemente grave y perverso de esta ley: nos convierte a todos en sospechosos.

“La generalización se torna inadmisible cuando ya no permite al ciudadano conocer qué está prohibido y qué está permitido”, sostiene el Dr. Enrique Bacigalupo en su libro Derecho Penal. Parte General. En suma, a falta de una definición cómo se sabe quién es un terrorista o qué conducta es necesario desplegar para ser considerado tal. Interrogantes básicos cuya respuesta debiera estar en la ley. Así, lo que en definitiva parece que se busca castigar no es una conducta objetiva disvaliosa que agrede a la sociedad, base del derecho penal liberal, sino a una determinada persona que piensa distinto o que pertenece a determinado grupo social o político que se pretende neutralizar desde el poder. Es lo que se conoce como el derecho penal de autor.

“Cuando un poder punitivo autoritario se dirige contra enemigos del poder (suele llamarlos enemigos de la sociedad, porque todo estado de policía pretende ser la sociedad), no interesa la lesión que sufre la víctima y pasa a primer plano la enemistad, con lo cual la tipicidad tiene valor negativo sólo como signo de enemistad al poder…el derecho penal del estado de policía teoriza criterios instruyendo al juez para que detecte a los enemigos que el legislador no tuvo en cuenta…el tipo penal de autor prohíbe ser de cierto modo, en lugar de prohibir la realización de ciertas acciones conflictivas…es el signo más burdo de la claudicación del derecho penal, o sea, su inversión y puesta al servicio del estado de policía.” (Zaffaroni, Eugenio; Manual de Derecho Penal; Ed. 2007; págs. 346/347). Nadie podrá decir que Zaffaroni se ubica en las antípodas del gobierno.

Los legisladores, probablemente, previendo las críticas aclararon en el texto de la ley que: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Un recurso casi infantil y prácticamente de ningún efecto concreto. El constitucionalista Roberto Gargarella, en una entrevista concedida al portal Plaza de Mayo, califica la aclaración de “risible” y agrega que “un juez tarda diez segundos o menos para descartarlo. Un juez puede decir: ‘Por supuesto, esto nunca se podrá invocar si usted está haciendo uso legítimo de un derecho, ahora, usted está cortando una calle, cortar la calle no es hacer un uso legítimo de un derecho, ergo, usted es un terrorista’. Ese aclarado es algo que los diputados con vocación progresista se han querido dar a sí mismos para justificarse ya que estaban mostrando su peor cara”.

Ahora bien, es sabido que el kirchnerismo tiene un problema personal con la información, es falso pensar que es con los medios porque esto es sólo la consecuencia de lo primero. El objetivo del gobierno es convertirse en el único arquitecto de la realidad porque de esa única manera puede construir el relato y para alcanzarlo necesariamente debe ser el único emisor de información. Por esta razón, la Ley Antiterrorista y la que regula la fabricación y venta de papel para diarios no puede analizarse aisladamente. Ambas constituyen un sistema pseudo jurídico que tiene la finalidad de restringir el acceso a la información por parte de la sociedad. El gobierno tiene la visión que la única versión de la realidad que puede –y debe- consumir el pueblo es la que el propio gobierno difunde y en ello se explican todas las acciones del kirchnerismo en relación a los medios desde el 2003. El kirchnerismo no es original en este planteo, los ejemplos sobran en la Argentina y en el mundo con el denominador común que siempre estas decisiones fueron tomadas por gobiernos autoritarios. Sin embargo, contrariamente a lo que puede parecer a priori, este tipo de medidas ponen en evidencia la debilidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en  la cuestión. Alcanzar este punto extremo, que implica la promulgación de ambas leyes, que a juicio del constitucionalista José Miguel Onaindia “afecta el ejercicio de derechos humanos fundamentales”, es la prueba más concluyente que todo lo que hizo el gobierno para controlar el acceso a la información fracasó o, al menos, no fue lo suficientemente eficaz que como sus ideólogos hubieran deseado. No resultó la distribución arbitraria de publicidad oficial, tampoco la creación de un sistema multimediático para oficial porque sencillamente no es creíble, ni siquiera la Ley de Medios con su vergonzosa clausula de desinversión. nadie dio el resultado esperado y por eso el gobierno avanzó con una medida de última ratio: regular la producción de papel para diarios y la cárcel. Una estrategia de pinzas que busca lo mismo, moldear la información a la medida de los intereses del gobierno.

Por otra parte, no es un dato menor que ambas leyes salen en un momento en que la Argentina está entrando en un ajuste y con ello puede llevar a que el enfrentamiento con Hugo Moyano se profundice. La quita de los subsidios no sólo afectará a aquellos que viven en un barrio cerrado del llamado corredor norte también golpeará en el bolsillo de los trabajadores. En el mismo sentido marcha el decreto de necesidad y urgencia que firmó la Presidenta para revisar los salarios de 310.000 empleados del Estado. Dos claros ejemplos que la Argentina entró en un periodo de ajuste y que en el 2012 los fondos no serán tan abundantes como en años anteriores. Por primera vez el kirchnerismo se ve obligado a tomar medidas antipáticas que no afectan a un grupo determinado de la sociedad, sino que sus efectos se harán sentir en todas las capas de la pirámide. De esta manera, es necesario ejercer un férreo control sobre la información y sobre las protestas que estas medidas puedan generar. Es evidente, que el gobierno entendió que ninguna de las medidas que tomó con anterioridad tuvieron el éxito que esperaba.

Cristina Fernández de Kirchner retuvo el poder con un 54 por ciento de los votos, una victoria limpia y demoledora incuestionable como su legitimidad. Pero el resultado electoral no le da derecho a pasar por arriba las garantías constitucionales y la vigencia de los Derechos Humanos más elementales. Ningún resultado electoral da derecho a la destrucción del pacto social porque por ese camino la legitimidad de las urnas será desvirtuada por la gestión.

 

SUEÑOS NO TAN COMPARTIDOS

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“Reclamale a Sergio Schoklender, que es el que los echó”, respondió muy incómoda Hebe de Bonafini a los reclamos de cuatro obreros de la Fundación Sueños Compartidos que le reclamaban por el atraso en el pago de salarios y la liquidación de varios despidos. La escena se desarrolló el jueves poco antes que Bonafini encabezara la tradicional ronda de las Madres en la Plaza de Mayo. Los obreros estaban encabezados por Luis Aranda del barrio Castañares, donde la Fundación emplean a 680 personas en un proyecto para la construcción de 780 viviendas.  ¿Quién los manda a ustedes?, preguntó visiblemente fastidiada Bonafini si salir de la parte trasera de la combi que la había llevado a la Plaza de Mayo. “Nadie. La necesidad, no tenemos nada para comer”, contestó Aranda, que fue despedido de la Fundación el 28 de enero pasado por Sergio Shocklender.

Los obreros explican que los atrasos en los pagos y el clima autoritario siempre reinó en la Fundación Sueños Compartidos, pero desde que estalló el escándalo que lo tiene en el ojo de la tormenta a Sergio Schoklender las condiciones se agravaron. Indican que las obras no están totalmente paralizadas pero que van en camino de esa dirección. “Los proveedores avisaron que no van a llevar más materiales porque no hay nadie que ponga la firma ni que ponga la plata y si no hay materiales no hay trabajo”, explica Ernesto Zarza que trabaja en el obrador Castañares.

En declaraciones a Contrapunto, Zarza también dijo que nunca se respetaron las fechas de pago y como hay atrasos en la cancelación de las deudas a los proveedores los materiales no llegan.

Las condiciones laborales en la Fundación Sueños Compartidos distan mucho de ser las óptimas, no tienen agremiación a la UOCRA, no hay delegados internos y reina un clima tensión y autoritarismo constante. “Hay un clima bastante tenso. Entrar a trabajar implicaba estar en un clima de las ocho que duraba la jornada laboral. Todos sabíamos que un descuido en un detalle implicaba ser sancionado y hasta ser  despedido”, sostiene Zarza quien afirma que “te miran con una cara de patoterismo terrible que ya antes de hablarte te daba miedo”.

Los trabajadores también denuncian que eran obligados a concurrir a los  actos políticos encabezados por Cristina Fernández de Kirchner. Zarza también revela que los que no participaban o faltaban a las marchas se exponían a ser sancionados y hasta eran pasibles de ser despedidos. El trabajador de Sueños Compartido explica que entre los actos al que fuer “invitado” a concurrir se cuenta aquel que se llevó a cabo en el estadio de River Plate, en el que la Presidenta le recordó a Hugo Moyano que ella trabaja desde los 18 años cuando el camionero dijo en su discurso que iba a llegar el día en que un trabajador fuera presidente. “Las madres tienen que ir a apoyar a la Presidenta, así que tienen que calzarse los pantalones y hay que hacer frente y pelear contra quien sea, están todos obligados a ir. Era el discurso que daban y teníamos que agachar la cabeza. Hablaba con mis compañeros y no todos querían ir, pero no quedaba otra había que ir porque al otro día no entraban en el obrador”, declara Zarza.

Claramente, es un contrasentido que una ONG como es Madres de Plaza de Mayo, que su lucha siempre fue en defensa de los derechos humanos; implemente puertas para adentro un sistema laboral rayano prácticamente al terror. La policía del trabajo, que depende del ministro Carlos Tomada, y que debe vigilar las condiciones laborales y el respeto por los derechos de los trabajadores nunca hizo nada. La misma falta de interés mostró la UOCRA comandada por el cuestionado Gerardo Martínez que, de acuerdo con los planes de la Presidenta, era su candidato para reemplazar a Hugo Moyano al frente de la CGT. Planes que luego de las revelaciones sobre la supuesta colaboración del gremialista en el tristemente Batallón de Inteligencia 601 durante los años de la dictadura hayan sido descartados.

“Le pedimos a la UOCRA que nos respalde y el jueves fue la primera vez que el gremio ingresó al obrador. Anteriormente, ellos venían pero se quedaban en la oficina, donde arreglaban y se iban. A los gremialistas nunca los vimos en el obrador. Recién ahora conseguimos que los muchachos se acerquen por primera vez a hablar con la parte obrera”, grafica Ernesto Zarza acerca de la falta de actuación y preocupación del sindicato que conduce Martínez. “Nos descuentan del sueldo para el gremio pero no somos afiliados, ahora acordamos que van a empezar a afiliar y nombraremos delegados.”

Cuando se lo consulta a Ernesto Zarza su opinión sobre Bonafini responde: “Hebe no es muy distinta a lo que se vio en los medios, es una total actitud de de autoritarismo, a mí me da la sensación como si uno estuviera hablando con gente de la época de la represión, es un tono fuerte, malintencionado y con falta de respeto al obrero. Me genera dolor la forma en respondió Hebe”. Además, dice que a Sergio Schoklender sólo lo conoció de vista cuando fue al obrador para convocar a los trabajadores a marchar o para dar algún discurso desde arriba de un escenario.

Las revelaciones de Ernesto Zarza son contundentes. No cuestiona a Hebe de Bonifini por su trabajo en pos de los derechos humanos, la cuestiona como parte de una patronal que se desempeño con autoritarismo presionando a los trabajadores, al mejor estilo del capitalismo salvaje que el supuesto progresismo del gobierno siempre dijo atacar. Se trata de un trabajador tratando que le paguen por su trabajo y que le respete sus derechos. Nadie los manda ni tampoco son parte de una conspiración orquestada para boicotear al gobierno o a las Madres de Plaza de Mayo. Es obvio, que en virtud de la gran cercanía del kirchnerismo con la organización que preside Hebe de Bonafini, el gobierno y los sindicatos no podían ignorar lo ocurría puertas adentro de Sueños Compartidos.

El escándalo Schoklender no sólo reveló una cuantiosa fortuna amasada por el ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, presuntamente financiada con fondos públicos, pero también pone de manifiesto –una vez más- las contradicciones en las que incurre el kirchnerismo. Poco a poco se va revelando una trama en la que la acumulación de poder para seguir ejerciéndolo y los negocios cruzan todo aquello que es parte del modelo nacional y popular.

Entrevista a Ernesto Zarza en Contrapunto (FM Identidad 92.1)

NADIE VA POR LOS PAÑUELOS BLANCOS

hebe de bonafiniJuan Manuel Abal Medina es el Secretario de Comunicación del Cristina Fernández de Kirchner y uno de sus hombres de más confianza, junto con el Secretario Legal y Técnico Carlos Zanini. Abal Medina suena desde hace tiempo como uno de los posibles candidatos a integrar la fórmula con la Presidente, si ella finalmente decide postularse para un segundo mandato; algo que la semana que acaba se puso fuertemente en duda.

“Es una maldad imposible de calificar de calificar pretender empañar el prestigio de las Madres de Plaza de Mayo, dado que Hebe de Bonafini puso su vida en juego mientras esos mismos medios disfrutaban del poder y se quedaban con Papel Prensa y el país”, disparó Abal medina y calificó a Sergio Schoklender de “chanta y delincuente”.

Abal Medina sigue el libreto ideado por el gobierno a la perfección, de hecho él mismo es uno de sus mentores. La partitura oficial dice que hay que proteger a Hebe de Bonafini, aislar a Schoklender y apuntar contra los medios de comunicación. A ello hay que agregarle una buena dosis de teoría conspirativa, un condimento que el kirchnerismo ha usado hasta el abuso. Esto es los medios con un grupo no identificado en realidad lo que persigue es acabar con la política del gobierno en materia de Derechos Humanos, utilizando al escándalo que lo tiene a Schoklender como excusa. El Secretario de Medios es apenas un emergente de lo que repiten constantemente los funcionarios y el aparato mediático al servicio del gobierno. Sin embargo, Abal Medina y los voceros de siempre olvidan que este escándalo comenzó con una denuncia de las diputadas de la Coalición Cívica Elsa “Tata” Quiroz y Maricel Etchecoin. Además, soslayan que la denuncia hecha por las legisladoras a la UIF contra Sergio Shoklender estuvo cajoneada más de un año y que sólo cuando se hizo pública su titular, José Sbatella, decidió elevarla al fiscal anti lavado Raúl Pleé.

El gobierno tampoco reconoce que varios hombres y mujeres comprometidos con los Derechos Humanos como el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y hasta algunas Madres que no militan en la línea de Hebe de Bonafini pidieron que se investigue. Estela de Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de quien nadie puede dudar de su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y con este gobierno pidió enérgicamente que Hebe de Bonafini fuera investigada. Nada dicen los voceros de siempre sobre la falta de control de los dineros públicos que admitió Abel Fatala en la Cámara de Diputados o que prácticamente se “obligaba” a intendentes y gobernadores a contratar a las Madres de Plaza de Mayo a cambio de obtener fondos para construir viviendas. Obviamente, el gobierno sabía que detrás de cada acuerdo estaba Sergio Shoklender porque los firmaba en su calidad de apoderado de las Madres. ¿Alguien puede creer que el gobierno no estaba al tanto de lo que ocurría? Entonces, cabe preguntarse por qué el gobierno dejó que todo siguiera sin hacer nada. Es fácil, o varios funcionarios son cómplices o, en el mejor de los casos, son negligentes. A juicio del diputado Juan Carlos Morán este escándalo muestra una vez más la matriz de corrupción del kirchnerismo, que no es la primera vez que queda evidenciada y que siempre se estructura con un patrón similar: contrataciones directas y constitución de un entramado de empresas para canalizar los fondos públicos. El primer antecedente es el caso Skanska, desafortunadamente hoy prácticamente olvidado.

El gobierno sabía de las irregularidades que sucedían en la Fundación Madres de Plaza de Mayo al menos por dos vías. La ex ministra de economía Felisa Micheli, que todavía no puede explicar cómo y por qué apareció una bolsa llena de dinero en el baño de su oficina, había recalado en la Fundación justamente para poner en orden los números. De hecho, confeccionó un informe crítico donde dejó asentado el desfasaje de presupuestario  que se verificaba. El propio Sbatella estaba al tanto de las denuncia que llegó a la UIF sobre las sospechosas operaciones inmobiliarias de Shoklender que a juicio de las diputadas denunciantes lo hacían sospechoso de lavar dinero. Nada de esto dicen los voceros de siempre y prefieren una vez más apuntar contra los medios de comunicación y pergeñar una conspiración que sólo anida en sus imaginaciones.

Nadie puede negar el compromiso de las Madres de Plaza de Mayo, como tampoco el de tantos abogados que presentaron Hábeas Corpus a riesgo de ser ellos mismos encarcelados; o de dirigentes sindicales y también de periodistas. Pero el gobierno prefiere ignorar los hechos que desarmarían su endeble estrategia mediática y prefiere mezclar todo. El papel de los grandes medios en la dictadura, Papel Prensa y las teorías conspirativas con actores que jamás identifica. La tormenta que desató la denuncia de la Coalición Cívica está vinculada a un posible caso de corrupción, que tiene como protagonista a un señor que hasta ahora no ha dado una explicación de cómo obtuvo sus bienes que no terminan de aparecer, pero que ha mentido mucho y se ha llamado a silencio porque sus propias declaraciones cada vez lo ponían en una situación peor. Pero Hebe de Bonafini está en la marquesina compartiendo cartel con quien consideraba un hijo, ella tiene la obligación de explicar; no a los medios pero sí a la sociedad.

En una democracia no hay intocables, sean quienes sean;  pero el gobierno con su aparato mediático pretende aislar a Bonafini y cargar las culpas sólo sobre Shoklender. Los medios no tienen la culpa de la Ferrari, los barcos y los aviones que engrosan el patrimonio de Shoklender. Es más, ninguno de los editores que permanentemente son acusados por el gobierno nombró apoderado de la Fundación de las Madres a Sergio Shoklender. Hebe de Bonafini le extendió el poder para que tenga el poder.

Una vez más la pregunta que hay que hacerse es que hubiera pasado si la denuncia de la Coalición Cívica no se hacía pública. Hubiera seguido cajoneada y perdida en la infinidad de los tiempos porque por más de un año los funcionarios que ahora denuncian una conspiración en contra de los pañuelos no hicieron nada. La misma Hebe de Bonafini no hizo nada, porque debe recordarse que Sergio Shoklender dejó su cargo de apoderado de la fundación sólo cuando el escándalo estalló. Todos sabían lo que pasaba pero nadie hizo nada, por eso es muy bajo endilgarle la culpa a los medios.

Hoy, Hebe de Bonafini está en el mismo lugar que ella puso a tantos otros. No está acostumbrada a tener que dar explicaciones porque, además de su respetable y prestigiosa lucha, ella empuñó más de una vez el látigo verbal para fustigar a los que no piensan como ella. Amenazó, insultó y denostó a todos los que se pusieron en su camino y se erigió como la reserva moral del país. Nadie puede dejar de reconocer su valentía en los años más oscuros del país, que armada sólo con un pañuelo blanco y sus ganas de conocer la verdad se enfrentó juntos con un puñado de otras madres al aparato represivo más despiadado que la historia argentina recuerde. No reconocerlo esto sería necio, pero ello nada tiene que ver con lo que pasa ahora. Nadie va por la Hebe del pañuelo que reclamaba justicia dando vueltas en la Plaza de Mayo, que permitió que el mundo conociera la verdad y que demostró que en medio de tanta barbarie quedaba en la Argentina algún vestigio de civilización. Pero la Hebe que construye casas y que tiene una constructora casi tan grande como Techint tiene que dar explicaciones. Tiene que explicar qué pasó con el dinero del pueblo, que se supone que debía volver al pueblo en viviendas para los más necesitados. Los funcionarios también deben explicar si parte de la plata terminó engrosando el abultado patrimonio de los Shoklender. El ministro Julio De Vido y sus funcionarios como Abel Fatala deben explicar por qué el Estado no controló y decidió tercerizar la política habitacional en las Madres de Plaza de Mayo. El mismo Fatala reconoció que aún falta transferir a las Madres $ 500 millones, que totalizarán $ 1.260 que el Estado tiene proyectado invertir en viviendas. Los funcionarios también debieran explicar si esta suma tampoco se va a controlar y si todo seguirá como si acá nada hubiera pasado.

No hay una conspiración mediática orquestada por los sospechosos de siempre. Sólo se trata de un caso de corrupción con fondos públicos, sí sólo eso pero siempre eso. La plata para los pobres que este gobierno dice defender, se trata de la plata que millones y millones de trabajadores aportan a través de sus impuestos. De esa plata estamos hablando. Nadie va por los pañuelos blancos, en todo caso el que los manchó se llama Sergio Shoklender pero con el correr de las horas cada vez más funcionarios se están plegando a la tarea.

EL AMOR DE UN GOLPEADOR

NKGALL Los psicólogos sostienen que la violencia familiar, donde generalmente el hombre ocupa el rol del golpeador, es una patología cíclica que consta de tres fases. 1) Tensión: Se producen enojos, discusiones, acusaciones y abuso verbal; 2) Erupción: Es la etapa más grave donde aparece la violencia física propiamente dicha que consiste en golpes, cachetadas y amenazas y 3) La denominada Luna de Miel, en la que el golpeador generalmente niega la violencia, pone excusas para justificar su comportamiento, se disculpa y promete que no lo volverá a hacer. Más tarde, esta etapa es desplazada una vez más por la tensión y el ciclo vuelve a repetirse.

En el Boxing Club de Río Gallegos Néstor Kirchner mostró que transitaba la fase tres del ciclo de un golpeador: la Luna de Miel. Allí apareció un Kirchner calmado y sereno que dijo “Podemos tener acuerdos o diferencias con la actual Corte Suprema, pero quien les habla es respetuoso de la Justicia, como uno de los responsables morales de la construcción paulatina de una Justicia independiente”, aseguró.

En el acto Néstor Kirchner ,flanqueado por más de una docena de gobernadores, repitió en varias oportunidades la palabra amor y de no responder a las agresiones de la oposición y por supuesto cargó contra el Grupo Clarín. Alabó a la Corte Suprema por su independencia pero ratificó con sus palabras, aunque de manera un tanto elíptica, que el fallo que ordena la reposición de Eduardo Sosa como fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz no será cumplido. Afirmó también que volvía a su tierra como un militante más para resguardar el federalismo, que los gobernadores que lo rodeaban se mostraban como sus fieles guardianes. Habría qué preguntarse cuántos estaban allí por convencimiento genuino o por temor a que su provincia no reciba de la Nación los fondos necesarios que aseguren la gobernabilidad de sus distritos.

La etapa dos no la había llevado adelante él mismo, la encargada de mostrar la violencia y descargar con todas sus fuerzas el golpe había sido Hebe de Bonafini; cuando amenazó con tomar  Tribunales como si se tratara del Palacio de Invierno de la Rusia zarista. En la fase uno fueron muchos los involucrados, desde el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández hasta la Presidente Cristina Fernández; quienes en declaraciones a los medios o simplemente a fuerza de Twitter se encargaron de escalar la tensión entre el gobierno y la Corte.

Néstor Kirchner no se enojó, no gritó su bronca contra sus enemigos y más bien quiso mostrarse calmo y reflexivo. A los pocos segundos de comenzar su intervención anunció que volvía a radicar su domicilio en la capital santacruceña. Por supuesto, las repercusiones comenzaron de inmediato. Una de ella indica que podría volver a disputar la gobernación y que Cristina Fernández de Kirchner iría en busca de su reelección. Hay que tener presente que ella mide mejor que él. Otras que fue una estrategia para mantener la incógnita de si en el 2011 será pingüino o pingüina. Más allá de las especulaciones, es posible que al gobernador Daniel Peralta el anuncio no le haya caído nada simpático, ahora justo que no aparece mal posicionado frente al diputado Eduardo Costa, que muy probablemente vaya a ser el candidato radical en las próximas elecciones.

Kirchner hizo buena letra en el Boxing Club, sin embargo un psicólogo especializado en violencia familiar diría que esta calma y serenidad con la que se mostró es transitoria porque indefectiblemente el ciclo volverá a comenzar. Desde esta perspectiva habrá que ver si en los próximos vuelve la tensión y el patrón del hombre golpeador se repite una vez más.

Foto: Clarín