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EL EFIMERO TRIUNFO DE LOS DERROTADOS

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La puesta en escena del domingo de la derrota electoral animada por el vicepresidente en ejercicio Amado Boudou, tiene mucho en común con las imágenes de Martin Sabbatella devenido en notificador judicial el día después de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando la constitucionalidad de la Ley de Medios. Ambas están signadas por la sobreactuación aunque con fines opuestos pero con el mismo resultado: el grotesco.

En el primer caso, Boudou –cada vez más complicado en el caso Cicone- buscaba animar a las huestes kirchneristas para disimular las importantes derrotas que, en varios casos,  fueron administradas por candidatos que otrora fueron socios del “modelo”. Julio Cobos, Mario Das Neves y Sergio Massa se encuentran en esa línea. El poco convincente “festejo” de la militancia kirchnerista liderado por un enfervorizado Boudou, se convirtió en una mala obra teatral que terminó por ser demolida por la indiscreta foto de la agencia Dyn que reveló el clima de derrota que se vivía en el búnker del Frente para la Victoria a las pocas horas de conocerse el resultado electoral. El relato había caído en su faz más rudimentaria. El martes siguiente se conoció el fallo de la Corte que le dio el oxígeno político al gobierno que había perdido cuarenta y ocho horas antes. A la noticia le siguió, una vez más, la sobreactuación pero esta vez en sentido diametralmente opuesto. Ya no se trataba de disimular la derrota sino de exacerbar un triunfo. A la postre el resultado fue el mismo, el relato oficial rebajado a la creatividad propia de una barra brava. Lo que siguió fue la Argentina descarnada, contradictoria y dividida. Los que acusaban a la Corte de golpista se convirtieron en sus defensores y aquellos que pensaban que se trataba de último valladar para defender las instituciones republicanas de las ambiciones del kirchnerismo claman por renuncias en masa.

El gobierno fue muy hábil para convirtir su derrota en un lejano dato del pasado y volver a ganar el centro de la escena. Es cierto que la Corte contribuyó a ello, ninguno de sus ministros podía desconocer el impacto político de dar a conocer el fallo sobre la Ley de Medios sólo cuarenta y ocho horas después de la peor derrota que sufriera el gobierno. Probablemente, esa decisión tenga que ver con el papel de “estabilizador institucional” que a juicio de Lorenzetti tendría la Corte Suprema de Justicia. Dicho en un lenguaje menos académico se trataría de la doctrina “una de cal y otra de arena”. Así podría inferirise que en el marco del rol político que tiene la Corte, se habría buscado equilibrar la derrota electoral que sufrió el gobierno con declararlo vencedor de “la madre de todas las batallas” como definió Gabriel Mariotto a la cuestión Clarin. 

DIAS DE SAQUEO

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La Argentina está conmocionada luego de los saqueos a unos 300 comercios en cuarenta ciudades del país, que dejaron unos 650 detenidos y dos muertos en Rosario. La mecha se encendió en Bariloche, una de las ciudades con mayor índice de desempleo y como un reguero se esparció a Campana, Rosario, San Fernando, Chaco y Tucumán entre otras.

El gobierno envió al caricaturesco Sergio Berni a Bariloche al mando de 400 gendarmes, luego que durante horas la ciudad quedó presa de las bandas que atacaron varios supermercados. El anuncio de la operación corrió por cuenta del Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que al mismo tiempo hizo conocer la decisión del gobierno de retomar el control del predio que la Sociedad Rural Argentina tiene en Palermo. Una torpe maniobra de distracción que va camino a convertirse en otro escándalo. Esa fue la primera reacción. La segunda llegó al día siguiente cuando, tal vez con un poco más de tiempo, el gobierno y varios de sus aliados salieron en masa a acusar a Hugo Moyano, Pablo Micheli y Luis Barrionuevo de haber urdido de manera coordinada los saqueos en buena parte de la geografía argentina. Incluso, Abal Medina decidió reescribir el más elemental de los principios de inocencia exigiendo a los acusados que probaran su inocencia. Hasta ahora el gobierno no ha mostrado una sola prueba que vincule a los dirigentes sindicales con los saqueos.

El gobierno descubrió su módica estrategia frente a los reclamos sociales que pueden volver a producirse: culpar a los adversarios políticos. Esta es una primera conclusión. La otra es que para las provincias o municipios gobernados por la oposición, no habrá ningún tipo de ayuda por parte de las fuerzas de seguridad federales. El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, lo sufrieron en carne propia después de fatigar sus teléfonos para comunicarse con la Ministra de Seguridad Nilda Garré pidiendo ayuda.  A Santa Fe no fue enviado ni un solo gendarme, que serán reservados para contener los desbordes en los territorios gobernados por el kirchnerismo. Un juego muy peligroso que demuestra que ahora no sólo los fondos sirven como herramienta disciplinadora sino también la seguridad.

EL RELATO NECESITA UN SERVICE

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Inexplicablemente el gobierno mantiene viva una protesta de suboficiales de Gendarmería y Prefectura, que en apariencia resolvería mañana martes. Apuesta al desgaste de hombres ya desgastados. A lo largo del fin de semana decidió pasar a disponibilidad a varios efectivos de la Gendarmería que habían oficiado como voceros del reclamo salarial que estalló como producto de la aplicación del Decreto 1307; que les recortó sus haberes en un 30 y en hasta un 50%. Es probable que el gobierno decida rechazar el petitorio que días atrás fue firmado por Sergio Berni, donde los uniformados pedían un sueldo mínimo de $ 7.000 y que no hubiera sanciones administrativas ni judiciales para los protagonistas del reclamos. Este último punto ya quedó comprobado que el gobierno no lo va a aceptar con los pases a disponibilidad que decidió y en cuanto al primero  se encuentra con un problema de fondos. Sin lugar a dudas, lo que decida el gobierno será decisivo para los pasos que seguirán gendarmes y prefectos.

Una vez más el gobierno ensayó una explicación conspirativa de lo que ocurre con las fuerzas de seguridad y la atribuyó a una “mano negra” que interpretó mal el decreto la protesta. Pero fue más allá e intentó equiparar un reclamo salarial, que es cierto que rompe la cadena de mando, a casi una asonada militar. Fue una clara agitación de los fantasmas del pasado que gran parte de la oposición compró firmando una declaración en defensa de la democracia.

En las teorías conspirativas que el gobierno pone en práctica para explicar su propia torpeza y falta de gestión, no podía faltar la figura de Héctor Magnetto como el CEO de esa “mano negra” que llevó a rebajar los sueldos de los efectivos de las fuerzas de seguridad. El legislador porteño Juan Cabandié, presidente del Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires y miembro de La Cámpora, declaró a Radio La Red: “Acá el señor Magnetto es responsable de esto y no da la cara…Los socios políticos de Magnetto son todos aquellos que se arrastran para tener un segundito más en TN o un parrafito en Clarín. Ahora se han asustado y se hacen defensores de la democracia y las instituciones. Pero este monstruo Magnetto tiene la convivencia política, no ahora, sino hace años”.

7D: EL DIA QUE NO TIENE QUE PASAR NADA

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A lo largo del fin de semana se ha desatado una guerra de spots publicitarios entre el gobierno y el Grupo Clarín en torno de lo que sucederá el 7 de Diciembre, o como se ha dado en llamar el 7D.

El gobierno sostiene que ese día, haciendo una extraña interpretación de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín tiene que cumplir el artículo 161 de la Ley de Medios y vender aquellas licencias de radio y televisión que no estén adecuadas a la norma. En el spot difundido en Fútbol para Todos, el Afsca –el organismo de aplicación de la Ley de Medios-, sostiene que Si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares, quienes obviamente deberán cumplir con todos los requisitos legales, como cualquier hijo de vecino. Además, califica al multimedios como una verdadera “cadena nacional ilegal”. Todo esto el 7D fecha que el mismo spot pide agendar.

La postura oficial quedó plasmada con mayor claridad en el programa oficialista 6,7,8 que en una de sus emisiones puso en su zócalo: “Corte Suprema: Clarín tiene que desinvertir antes de Diciembre”. El periodista de Página 12 Mario Wainfeld, escribió que el 7D no comenzará el plazo de un año para desinvertir porque a su juicio “ese no es el sentido del fallo”. Tanto Wainfeld, como 6,7,8 o el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina; no basan su posición en una argumentación jurídica y quieren hacer decir al fallo de la Corte algo que no dice. Es una expresión de deseos. Por eso, no es cierto como Cristina Fernández de Kirchner afirma, que la cadena ilegal del miedo y del desánimo tiene fecha de vencimiento y esa fecha es el 7D. Más allá de las consideraciones jurídicas, a las que volveremos más adelante, el gobierno parece estar preparándose para lo que podría llamarse la ofensiva final contra el Grupo Clarín y ese día proceder a su desguace por la fuerza. No sería antojadizo imaginar un batallón de gendarmes entrando a Canal 13, a TN  y tal vez también a Radio Mitre. Por las dudas, antes que alguien ponga en duda si el kirchnerismo sería capaz de hacer eso, la respuesta es que no sólo sería capaz de hacerlo, sino que además lo anunciaría como el día en que la Argentina ganó la soberanía informativa o cualquier otro slogan parecido y remanido.

CRISTINA: FUENTE DE TODA RAZON Y JUSTICIA

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Cristina Fernández de Kirchner volvió a convertir su atril en el patíbulo de la Nación. Desde allí, desarrajó su enojo contra Marcelo Bonelli utilizando el mismo mecanismo anteriormente ensayado con el Señor Saldaña, el empresario inmobiliario José Toselli o el “abuelito amarrete” que quería regalarle U$S 10 a su nieto.

La Presidenta pidió que se aprobara una Ley de Etica para el ejercicio del periodismo, basándose en que si los funcionarios, debido a que administran fondos públicos, están obligados a regirse por ella; lo mismo deben hacer los periodistas por utilizar la información pública. A todas luces un análisis paupérrimo en el que ambos extremos sólo tienen en común el concepto de lo público. Pero inclusive hasta mal utilizado porque, justamente, el trabajo del periodismo es hacer público aquellos hechos que no lo son y que el poder se empeña en ocultar. Nada más alejado del concepto de información pública.

El “pecado” que cometió Bonelli fue revelar que Miguel Galluccio, el CEO de YPF, había amenazado con su renuncia como consecuencia de la firma del Decreto que regula todo el negocio petrolero. Galluccio se habría molestado porque nadie le avisó de la iniciativa, mientras trataba de tentar a potenciales inversores de apostar en la petrolera. La Presidenta resumió todo en que Bonelli había actuado por despecho porque “no le habían renovado el contrato”, aunque no dio demasiadas especificaciones. Involucró a un socio del periodista y a su mujer, que según el mismo Bonelli daba clases de inglés en la compañía. Un reduccionismo que jamás aclara nada y se utiliza como mecanismo para crear una realidad que solo es habitada por ella. La Presidenta dio la impresión de querer explicar que Bonelli recibió dinero espúreo para escribir sobre determinadas cuestiones vinculadas con la petrolera, lo extraño es que también dijo que sobre ese supuesto “servicio” había facturas. Nada terminó por quedar claro, pero de lo que sí no quedan dudas es que a la Señora Cristina Fernández le molestó una nota periodística.

En países que han alcanzado una mayor grado de civilización que la Argentina, los periodistas son desmentidos por los gobiernos y no se los ejecuta en una plaza pública; aunque dicha ejecución se trate sólo de un acto virtual como en este caso. La Presidenta cree que el resto actúa por despecho y por venganza cuando no se es parte de algún grupo desestabilizador que jamás identifica. Es probable que se deba a que es ella la que actúa guiada por despecho y por un enojo que cada vez la hace aparecer más alejada de la realidad.

Contrapunto: Programa del 23/May/2012

badeni9:22 hs. GREGORIO BADENI – Abogado constitucionalista. La Corte Suprema ordenó al Grupo Clarín aplicar el artículo de desinversión de la ley de medios. “El plazo para la desinversión es de un año a partir de diciembre de 2012”

“La situación era que no se aplicaba el artículo 161 al Grupo Clarín hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo, que es la validez de la ley (…) Pasó un año después de haber interpuesto la cautelar (…) A la Corte este tiempo le genera malestar y por eso dice que no puede