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ESTAMOS VOLVIENDO A LA BARBARIE

Diana Cohen Agrest

La vida de Diana Cohen Agrest, doctora en filosofía, cambió dramáticamente el 8 de Julio de 2011 cuando un delincuente con nueve causas previas mató a su hijo Ezequiel en un intento de robo. A partir de entonces se convirtió una de las tantas víctimas que reclama que el gobierno haga algo con la inseguridad.

En un reportaje en Contrapunto fue categórica cuando se le preguntó sobre los casos de linchamiento: “No los avalo, es una actitud lamentable de la ciudadanía”, respondió.

“El estado no garantiza la vida, ya que omite cualquier referencia a la inseguridad”.

“La justicia penal en los últimos años fue absolutamente laxa con los delincuentes”.

“Hay un sistema judicial asociado a un sistema policial corrupto que no funciona”.

“Parecería ser que ahora el victimario es la victima”.

 “El Estado se quedó aferrado a un único tipo de violencia que es la violencia de Estado. Después de 40 años estamos condenando a los victimarios de la dictadura y liberando a los victimarios de hoy”.

“Zaffaroni quiere que desaparezca la pena privativa de la libertad, este señor dice que la pena no sirve para nada porque no le mataron un hijo”.

 “Estamos volviendo a la barbarie”.

El reportaje completo a Diana Cohen Agrest

ZAFFARONI DEFIENDE A LOS DELINCUENTES

Eugenio_zaffaroni

La reforma del Código Penal promete en convertirse en una nueva polémica igual o peor que la que tuvo como centro el proyecto de reunificación del Código Civil y Comercial. Las críticas, principalmente, apuntan al juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni quien presidió una comisión con representantes de los principales partidos con representación parlamentaria.

Sergio Massa , el líder del Frente Renovador, impulsará una campaña de recolección de firmas para frenar la reforma del Código Penal que impulsa el kirchnerismo. Así lo anunció el propio Massa luego del discurso de la presidenta Cristina Kirchner en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. “Vamos a juntar cinco millones de firmas para impedir la reforma del Código Penal que beneficia a los delincuentes”, había dicho Massa el sábado, tras el discurso de la Presidenta y ayer advirtió: “El objetivo nuestro es que no manden el proyecto, tenemos que generar conciencia para que no llegue al Congreso”.

Días atrás el ex juez de instrucción Ricardo Reto fue muy duro con el proyecto y con el propio Zaffaroni y lo acusó de “defender a los delincuentes”. Reto fue más allá y afirmó que el juez de la Corte “siempre que ha podido ha tergiversado la interpretación de una ley para favorecer al delincuente con total desprecio por los derechos de las víctimas”, declaró en Contrapunto por FM Identidad 92.1.

RETALIATION CONTRA LA CORTE

CSJN

Retaliation: Represalia, venganza, desquite (Simon and Schuster`s International Dictionary). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene todo listo para dictar sentencia en la causa por la reforma del Concejo de la Magistratura, que la jueza María Romilda Servini de Cubría declaró inconstitucional. En las filas del oficialismo y de la oposición coinciden en que la sentencia será adversa al gobierno y terminará con la ley más polémica del paquete “democratizador de la justicia”. En esa derrota segura, como muchos afirman, es que se explican las expresiones del Senador Marcelo Fuentes, que comparó a la actual coyuntura política con aquellos días de 1955 que terminó con el derrocamiento de Juan Domingo Perón. En la misma línea se inscribe la catarata de tweets presidenciales que tuvieron como principal blanco al ministro Carlos Fayt y su edad para permenecer ocupando un sitial en el más Alto Tribunal. Al mismo tiempo, circula un rumor que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsa un proyecto de ley para ampliar los miembros de la Corte a diecinueve; casualmente el mismo número de concejeros que prevee la nueva ley del Concejo de la Magistratura declara inconstitucional. En Abril el juez Eugenio Zaffaroni había propuesto ampliar el número de jueces de la Corte también a diecinueve miembros los que se dividirían en salas.

La iniciativa presidencial, de confirmarse, se trataría ni más ni menos que la retaliation contra el tribunal que le propinaría una fuerte derrota política. Obviamente, aquellos mismos que sostienen la existencia de este proyecto también afirman que los cargos serían ocupados por jueces “amigos” del poder. Sería la reedición de la Corte adicta que supo tener Carlos Menem, quien amplió sus miembros a nueve.  Si bien no hay nada confirmado aún, el rumor es persistente y tiene verosimilitud porque no es el estilo de Cristina Fernández digerir las derrotas políticas y jurídicas pacíficamente. Además, una mayoría automática permitiría “reformar” la Constitución sin la necesidad de tener que atravesar el incómodo trámite de una reforma para la cual es muy probable que el gobierno no consiga el número suficiente de legisladores luego de las elecciones de octubre. Así, la posibilidad de una re reelección no sería una fantasía.

UNA DE TERROR

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Hay algo que está tremendamente mal cuando una ley en vez de mejorar el pacto social entre los argentinos, pareciera encaminarse a ser un instrumento de persecución y conseguir el resultado totalmente opuesto. Paradójicamente, eso es lo que pasa con la Ley Antiterrorista, recientemente sancionada por el Congreso, promulgada por Cristina Fernández de Kirchner y publicada en el Boletín Oficial el 28 de Diciembre. Hasta la fecha parece una pieza de humor negro. Se supone que la Ley Antiterrorista debe ser una eficaz herramienta para combatir, justamente, el terrorismo. Sin embargo, a lo largo de su texto todo indica que pareciera estar concebida para sembrarlo. Sí, algo está mal con esta ley; tanto que Carta Abierta, Hebe de Bonafini, el CELS y el juez Eugenio Zaffaroni la han criticado. Nadie podrá pensar que estas críticas provienen de sectores de la derecha reaccionaria que se oponen al modelo nacional y popular que ahora propone profundizar el gobierno.

En un principio esta norma no tuvo demasiada difusión porque los grandes medios estaban más preocupados por la ley que reglamenta la producción, venta y distribución de papel para diarios. Así, casi inadvertidamente, la Ley Antiterrorista se abrió camino. Si la primera atenta contra la libertad de prensa, la segunda es mucho más grave porque es más abarcativa y al parecer tiene como destinatarios a todo aquel que no piense como el gobierno.

La Ley Antiterrorista reforma el Código Penal estableciendo que: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”. Ahora bien, la primera pregunta que debe hacerse es qué significa aterrorizar a la población, esta cuestión no está definida en el texto legal y por lo tanto ello queda a la libre interpretación de un juez, que para más datos será un juez federal con las sospechas que recaen sobre este fuero. Además, al no haber una definición objetiva ello implica que cada magistrado podrá elaborar su propia definición de lo que significa aterrorizar a la población. Así, para un juez una determinada conducta podrá implicar un acto de terrorismo en un juzgado, que implicará incrementar el mínimo y el máximo de la pena de un cualquier delito del Código, mientras que en otro a la misma conducta le recaerá una pena simple. Un fenómeno que se conoce como escándalo jurídico. Inclusive, podría traer aparejado una consecuencia grave, que aquel que efectivamente quisiera llevar adelante un hecho terrorista, por obra y gracia del azar su causa recayera en un juzgado que hubiera acuñado una definición de acto terrorista que no se ajuste al hecho que se investiga y el delito quedara impune. Pero lo que es peor es podría darse el resultado a la inversa y alguien que no tuvo la finalidad de aterrorizar sea condenado como un terrorista y sobre él recaerá el doble de la pena que hubiera debido afrontar. Claramente, esto es algo que viola las más elementales garantías constitucionales. Pero si ya esto es muy preocupante en un gobierno que se dice progresista, es peor cuando es esta misma administración podría utilizar esta nueva figura penal para perseguir a las personas que no coincidan con el modelo nacional y popular. Así, a falta de una definición emanada del Congreso cualquiera podría ser incluido. En este sentido, el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, aseguró ayer que la ley antiterrorista previene que “un grupo de personas con gran poder económico” inste a “vaciar las reservas o aterrorice a la población” y sumó al concepto de “golpe de mercado” a “los medios” que puedan difundir esas situaciones. “Los que generan eso es un núcleo muy reducido de operadores que luego difunden los medios”, aseguró el controvertido funcionario y agregó que: “Y bueno, eso es aterrorizar a la población”. Es decir todo y nada y cualquier acción puede transformarse “convenientemente” en un acto terrorista como la decisión de un empresario de aumentar los precios, cortar una calle, comprar dólares como reserva de valor frente a una economía con alta inflación y, por supuesto, cualquier periodista que difunda el hecho. Frente a las declaraciones de Sbatella, perfectamente podría considerarse un acto terrorista la difusión de los índices de inflación de las consultoras privadas que llevarían a la cárcel al economista que los elaboró y al periodista que lo publicó. Es más, este mismo artículo podría tratarse de un acto terrorista. ¿Cuál sería el límite? No hay y eso es lo terriblemente grave y perverso de esta ley: nos convierte a todos en sospechosos.

“La generalización se torna inadmisible cuando ya no permite al ciudadano conocer qué está prohibido y qué está permitido”, sostiene el Dr. Enrique Bacigalupo en su libro Derecho Penal. Parte General. En suma, a falta de una definición cómo se sabe quién es un terrorista o qué conducta es necesario desplegar para ser considerado tal. Interrogantes básicos cuya respuesta debiera estar en la ley. Así, lo que en definitiva parece que se busca castigar no es una conducta objetiva disvaliosa que agrede a la sociedad, base del derecho penal liberal, sino a una determinada persona que piensa distinto o que pertenece a determinado grupo social o político que se pretende neutralizar desde el poder. Es lo que se conoce como el derecho penal de autor.

“Cuando un poder punitivo autoritario se dirige contra enemigos del poder (suele llamarlos enemigos de la sociedad, porque todo estado de policía pretende ser la sociedad), no interesa la lesión que sufre la víctima y pasa a primer plano la enemistad, con lo cual la tipicidad tiene valor negativo sólo como signo de enemistad al poder…el derecho penal del estado de policía teoriza criterios instruyendo al juez para que detecte a los enemigos que el legislador no tuvo en cuenta…el tipo penal de autor prohíbe ser de cierto modo, en lugar de prohibir la realización de ciertas acciones conflictivas…es el signo más burdo de la claudicación del derecho penal, o sea, su inversión y puesta al servicio del estado de policía.” (Zaffaroni, Eugenio; Manual de Derecho Penal; Ed. 2007; págs. 346/347). Nadie podrá decir que Zaffaroni se ubica en las antípodas del gobierno.

Los legisladores, probablemente, previendo las críticas aclararon en el texto de la ley que: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Un recurso casi infantil y prácticamente de ningún efecto concreto. El constitucionalista Roberto Gargarella, en una entrevista concedida al portal Plaza de Mayo, califica la aclaración de “risible” y agrega que “un juez tarda diez segundos o menos para descartarlo. Un juez puede decir: ‘Por supuesto, esto nunca se podrá invocar si usted está haciendo uso legítimo de un derecho, ahora, usted está cortando una calle, cortar la calle no es hacer un uso legítimo de un derecho, ergo, usted es un terrorista’. Ese aclarado es algo que los diputados con vocación progresista se han querido dar a sí mismos para justificarse ya que estaban mostrando su peor cara”.

Ahora bien, es sabido que el kirchnerismo tiene un problema personal con la información, es falso pensar que es con los medios porque esto es sólo la consecuencia de lo primero. El objetivo del gobierno es convertirse en el único arquitecto de la realidad porque de esa única manera puede construir el relato y para alcanzarlo necesariamente debe ser el único emisor de información. Por esta razón, la Ley Antiterrorista y la que regula la fabricación y venta de papel para diarios no puede analizarse aisladamente. Ambas constituyen un sistema pseudo jurídico que tiene la finalidad de restringir el acceso a la información por parte de la sociedad. El gobierno tiene la visión que la única versión de la realidad que puede –y debe- consumir el pueblo es la que el propio gobierno difunde y en ello se explican todas las acciones del kirchnerismo en relación a los medios desde el 2003. El kirchnerismo no es original en este planteo, los ejemplos sobran en la Argentina y en el mundo con el denominador común que siempre estas decisiones fueron tomadas por gobiernos autoritarios. Sin embargo, contrariamente a lo que puede parecer a priori, este tipo de medidas ponen en evidencia la debilidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en  la cuestión. Alcanzar este punto extremo, que implica la promulgación de ambas leyes, que a juicio del constitucionalista José Miguel Onaindia “afecta el ejercicio de derechos humanos fundamentales”, es la prueba más concluyente que todo lo que hizo el gobierno para controlar el acceso a la información fracasó o, al menos, no fue lo suficientemente eficaz que como sus ideólogos hubieran deseado. No resultó la distribución arbitraria de publicidad oficial, tampoco la creación de un sistema multimediático para oficial porque sencillamente no es creíble, ni siquiera la Ley de Medios con su vergonzosa clausula de desinversión. nadie dio el resultado esperado y por eso el gobierno avanzó con una medida de última ratio: regular la producción de papel para diarios y la cárcel. Una estrategia de pinzas que busca lo mismo, moldear la información a la medida de los intereses del gobierno.

Por otra parte, no es un dato menor que ambas leyes salen en un momento en que la Argentina está entrando en un ajuste y con ello puede llevar a que el enfrentamiento con Hugo Moyano se profundice. La quita de los subsidios no sólo afectará a aquellos que viven en un barrio cerrado del llamado corredor norte también golpeará en el bolsillo de los trabajadores. En el mismo sentido marcha el decreto de necesidad y urgencia que firmó la Presidenta para revisar los salarios de 310.000 empleados del Estado. Dos claros ejemplos que la Argentina entró en un periodo de ajuste y que en el 2012 los fondos no serán tan abundantes como en años anteriores. Por primera vez el kirchnerismo se ve obligado a tomar medidas antipáticas que no afectan a un grupo determinado de la sociedad, sino que sus efectos se harán sentir en todas las capas de la pirámide. De esta manera, es necesario ejercer un férreo control sobre la información y sobre las protestas que estas medidas puedan generar. Es evidente, que el gobierno entendió que ninguna de las medidas que tomó con anterioridad tuvieron el éxito que esperaba.

Cristina Fernández de Kirchner retuvo el poder con un 54 por ciento de los votos, una victoria limpia y demoledora incuestionable como su legitimidad. Pero el resultado electoral no le da derecho a pasar por arriba las garantías constitucionales y la vigencia de los Derechos Humanos más elementales. Ningún resultado electoral da derecho a la destrucción del pacto social porque por ese camino la legitimidad de las urnas será desvirtuada por la gestión.

 

DEBATIENDO EL CASO ZAFFARONI

rizzo2Frente a la polémica desatada por el descubrimiento de seis prostíbulos que funcionaban en departamentos propiedad del juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, el debate comenzó a crecer y, como suele pasar en estas situaciones, se estableció una línea entre aquellos que sostienen que debe renunciar y otras que argumentan que no hay existe ninguna causa para que abandone su cargo. Incluso, hay quienes van más allá y ensayan una teoría conspirativa que busca dañar la imagen de la Cristina Fernández de Kirchner, por la cercanía del prestigioso jurista con el gobierno.

El Dr. Jorge Rizzo fue Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en dos oportunidades, y sostiene que hasta el momento no hay razón por la cual Zaffaroni deba abandonar su cargo en el más Alto Tribunal del país. La visión del doctor Rizzo es que hay muchos intereses creados en torno de la cuestión, entre las que enumera desde la postura en materia penal del jurista hasta la envidia de los abogados. Además, recalca que el juez no cometió ningún delito ni tampoco se encuentra incurso en alguna de las causales previstas para un juicio político.

En un intenso intercambio de ideas con este periodista en el programa Contrapunto, Rizzo defendió la permanencia del cuestionado magistrado en la Corte. Escuchá el debate.