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DEBATIENDO EL CASO ZAFFARONI

rizzo2Frente a la polémica desatada por el descubrimiento de seis prostíbulos que funcionaban en departamentos propiedad del juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, el debate comenzó a crecer y, como suele pasar en estas situaciones, se estableció una línea entre aquellos que sostienen que debe renunciar y otras que argumentan que no hay existe ninguna causa para que abandone su cargo. Incluso, hay quienes van más allá y ensayan una teoría conspirativa que busca dañar la imagen de la Cristina Fernández de Kirchner, por la cercanía del prestigioso jurista con el gobierno.

El Dr. Jorge Rizzo fue Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en dos oportunidades, y sostiene que hasta el momento no hay razón por la cual Zaffaroni deba abandonar su cargo en el más Alto Tribunal del país. La visión del doctor Rizzo es que hay muchos intereses creados en torno de la cuestión, entre las que enumera desde la postura en materia penal del jurista hasta la envidia de los abogados. Además, recalca que el juez no cometió ningún delito ni tampoco se encuentra incurso en alguna de las causales previstas para un juicio político.

En un intenso intercambio de ideas con este periodista en el programa Contrapunto, Rizzo defendió la permanencia del cuestionado magistrado en la Corte. Escuchá el debate.

EL AMOR DE UN GOLPEADOR

NKGALL Los psicólogos sostienen que la violencia familiar, donde generalmente el hombre ocupa el rol del golpeador, es una patología cíclica que consta de tres fases. 1) Tensión: Se producen enojos, discusiones, acusaciones y abuso verbal; 2) Erupción: Es la etapa más grave donde aparece la violencia física propiamente dicha que consiste en golpes, cachetadas y amenazas y 3) La denominada Luna de Miel, en la que el golpeador generalmente niega la violencia, pone excusas para justificar su comportamiento, se disculpa y promete que no lo volverá a hacer. Más tarde, esta etapa es desplazada una vez más por la tensión y el ciclo vuelve a repetirse.

En el Boxing Club de Río Gallegos Néstor Kirchner mostró que transitaba la fase tres del ciclo de un golpeador: la Luna de Miel. Allí apareció un Kirchner calmado y sereno que dijo “Podemos tener acuerdos o diferencias con la actual Corte Suprema, pero quien les habla es respetuoso de la Justicia, como uno de los responsables morales de la construcción paulatina de una Justicia independiente”, aseguró.

En el acto Néstor Kirchner ,flanqueado por más de una docena de gobernadores, repitió en varias oportunidades la palabra amor y de no responder a las agresiones de la oposición y por supuesto cargó contra el Grupo Clarín. Alabó a la Corte Suprema por su independencia pero ratificó con sus palabras, aunque de manera un tanto elíptica, que el fallo que ordena la reposición de Eduardo Sosa como fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz no será cumplido. Afirmó también que volvía a su tierra como un militante más para resguardar el federalismo, que los gobernadores que lo rodeaban se mostraban como sus fieles guardianes. Habría qué preguntarse cuántos estaban allí por convencimiento genuino o por temor a que su provincia no reciba de la Nación los fondos necesarios que aseguren la gobernabilidad de sus distritos.

La etapa dos no la había llevado adelante él mismo, la encargada de mostrar la violencia y descargar con todas sus fuerzas el golpe había sido Hebe de Bonafini; cuando amenazó con tomar  Tribunales como si se tratara del Palacio de Invierno de la Rusia zarista. En la fase uno fueron muchos los involucrados, desde el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández hasta la Presidente Cristina Fernández; quienes en declaraciones a los medios o simplemente a fuerza de Twitter se encargaron de escalar la tensión entre el gobierno y la Corte.

Néstor Kirchner no se enojó, no gritó su bronca contra sus enemigos y más bien quiso mostrarse calmo y reflexivo. A los pocos segundos de comenzar su intervención anunció que volvía a radicar su domicilio en la capital santacruceña. Por supuesto, las repercusiones comenzaron de inmediato. Una de ella indica que podría volver a disputar la gobernación y que Cristina Fernández de Kirchner iría en busca de su reelección. Hay que tener presente que ella mide mejor que él. Otras que fue una estrategia para mantener la incógnita de si en el 2011 será pingüino o pingüina. Más allá de las especulaciones, es posible que al gobernador Daniel Peralta el anuncio no le haya caído nada simpático, ahora justo que no aparece mal posicionado frente al diputado Eduardo Costa, que muy probablemente vaya a ser el candidato radical en las próximas elecciones.

Kirchner hizo buena letra en el Boxing Club, sin embargo un psicólogo especializado en violencia familiar diría que esta calma y serenidad con la que se mostró es transitoria porque indefectiblemente el ciclo volverá a comenzar. Desde esta perspectiva habrá que ver si en los próximos vuelve la tensión y el patrón del hombre golpeador se repite una vez más.

Foto: Clarín

CUANDO LA IMPUNIDAD ES DERECHA Y HUMANA

apablaza“Galvarino Apablaza debió haber sido juzgado en Chile, porque el crimen lo cometió en Chile. Creo que, al fin y al cabo, la decisión que ha tomado la Conare en Argentina significa un retroceso para la causa de la justicia y de los derechos humanos en mi país”, declaró el Presidente chileno Sebastián Piñera, luego de conocerse la decisión del gobierno argentino de concederle asilo político.

Sin lugar a dudas, el status de refugiado que le concedió Cristina Fernández de Kirchner a Apablaza puede desembocar en un roce en las relaciones con el país trasandino. Algo de eso le adelantó el presidente del Senado chileno a Julio Cobos hace pocas horas: “Una negativa de la presidenta va a atentar negativamente en las relaciones bilaterales”, pronosticó Jorge Pizarro Soto, que pertenece al Partido Demócrata Cristiano y no es un aliado de la UDI; el partido de Piñera.

Sergio Galvarino Apablaza Guerra está acusado de participado en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y del secuestro del empresario Christian Edwards del Río, directivo del diario El Mercurio y fue uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Lo primero que hay que destacar es que los supuestos delitos que se le imputan a Apablaza Guerra fueron cometidos en democracia durante la presidencia de Patricio Aylwin y, principalmente por esta razón, en Chile son considerados delitos comunes. La CONARE habría fundamentado su decisión en que Apablaza es “un militante político, un luchador contra la dictadura” y mencionaron que “no es un ciudadano común”. Ahora bien, los delitos por los que se lo quiere juzgar no fueron cometidos como parte de la lucha contra una dictadura; Chile era gobernado por un presidente democrático. Por otra parte, hay que señalar que en la Argentina rige desde el año 2006 la Ley de Refugiados (N°26.165) que establece los requisitos que deben cumplirse para ser considerado refugiado político. El artículo cuarto establece que el término refugiado se le aplicará a toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones política, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera volver…”. Claramente, Apablaza no cumple con estos requisitos porque no se lo acusa debido a sus opiniones políticas, la justicia chilena lo quiere enjuiciar por dos hechos que están relacionados con su militancia política. El mismo artículo en su segundo párrafo establece que también será considerado refugiado la persona cuya “seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público”. Es bien sabido que nada de esto sucede en chile hoy en día y que en ese país rige el estado de derecho y todas las garantías del debido proceso. En suma, nada de lo requerido por la ley encuadra en el caso Apablaza Guerra, ni sus condiciones personales ni tampoco el contexto político que debiera reinar en su país.

Sin embargo, las decisión de la Argentina implica que el gobierno de Cristina Fernández considera que en Chile no se verifican las garantías que debe gozar cualquier ciudadano sometido a la justicia y que no se respetan los derechos humanos. Es un agravio como dijo Elisa Carrió que afectará las relaciones con el gobierno chileno. No se trata de una cuestión de interpretación, sencillamente en Chile rige la democracia, las garantías del debido proceso y el respeto por los derechos humanos.

No hay que perder de vista que el gobierno toma la decisión de concederle refugio a Apablaza, justo en la misma semana que el kirchnerismo se enfrascó en una guerra contra la Corte Suprema de Justicia; que en un fallo sostuvo que debía ser extraditado a Chile. No es un dato menor, si bien la última palabra en la cuestión la tenía la CONARE. Por eso, es muy llamativa la rápida decisión de la Comisión cuando el trámite llevaba más de cinco años y sistemáticamente sus responsables le habían negado el acceso a la Corte del expediente invocando excusas poco creíbles. No es casualidad que la cuestión súbitamente se resuelva ahora. Por otra parte, otro dato interesante que surge del fallo de la Corte es que nada permite suponer que aunque en los hechos estuviera involucrado un funcionario de Estado, como el senador Guzmán, no permite suponer que ello sea suficiente como para definir un delito como político. Así, la Corte está diciendo que el asesinato de Guzmán y el secuestro de Edwards no fueron más que delitos comunes. Además, el fallo revela que en lo que concierne a la esfera intencional del requerido es de destacar que Apablaza Guerra, al declarar en oportunidad de llevarse a cabo el juicio, no formuló la más remota alusión de que hubiera obrado bajo la influencia de una motivación política. Fundamentación, la precedente, suficiente para desestimar los argumentos desarrollados por su defensa”. La cita es muy contundente y no parece lógico que una persona que haya cometido delitos luchando contra una dictadura o por motivaciones políticas se haya olvidado de declararlo al juez. El abogado defensor de Apablaza, Rodolfo Yanzón, dijo en Contrapunto que la Corte “mentía” sobre este punto y que su defendido siempre dejó en claro sus motivaciones políticas. Pero aún cuando Yanzón dijera la verdad y la Corte mienta, vaya a saber por qué razón lo haría, tampoco se verifican los extremos prescriptos por la ley para que un ciudadano extranjero puede ser considerado un refugiado político. Y de ello no hay duda. ¿Quién puede decir hoy que en Chile se atenta contra los Derechos Humanos? ¿Quién puede afirmar que en el país vecino no se respetan las garantías del debido proceso? ¿A caso Chile está bajo una situación de conmoción interna o hay persecuciones llevadas a cabo por un gobierno de facto? Nada de esto ocurre en Chile, sólo que el matrimonio presidencial tiene una forma muy particular y sesgada de entender los Derechos Humanos. Parece que así como hay capitalismo para amigos gracias a lo cual se hacen cada vez más ricos, también el kirchnerismo considera que hay Derechos Humanos aplicados a la medida de quien se trate.

Tal vez la peor consecuencia sea que los delitos por los cuales la justicia chilena reclama la extradición de Apablaza sea que los delitos que se le imputan queden impunes y nunca se llegue a conocer la verdad, porque más allá de todo, lo que siempre está implícito en cualquier juicio es el conocimiento de la verdad y el gobierno parece haberle negado esta posibilidad a los chilenos.

HEBE DE BONAFINI: LA BOCA DE KIRCHNER

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Hebe de Bonafini lo volvió a hacer. En el marco de la la marcha de apoyo a la Ley de Medios, la Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo pronunció un nuevo discurso en favor de la fractura. Ahora el enemigo del modelo es la Corte Suprema de la Nación, que paradójicamente reformó Néstor Kirchner cuando llegó al poder en el 2003. Acusó a sus miembros de recibir sobres, de ser cómplices de la dictadura y amenazó con tomar el Palacio de Tribunales y arrancarles el fallo en favor de la aplicación de la ley de medios. En este contexto, haber llamado “turros” a sus integrantes termina siendo casi cariñoso. No cabe duda que amenazar a un juez para que falle de acuerdo con una determinada postura es algo que está divorciado del estado de derecho y de la democracia.

No hay vueltas y hay que decirlo sin eufemismos, Hebe de Bonafini desprecia la democracia y el estado de derecho y como cualquiera con ribetes autoritarios pretende eliminar a aquellos que no concuerdan con sus opiniones o posiciones. Las palabras de Bonafini son graves por su contenido en sí mismo, que veinticuatro horas después algunos dirigentes del kirchnerismo pretenden suavizar, pero lo son más porque ella está representando el pensamiento del matrimonio Kirchner. Esto es verdaderamente lo grave y sus dichos hay que contextualizarlos en los ataques de la Presidenta al juez platense Elvio Segarra, que cometió el pecado de hacer lugar a una medida cautelar solicitada por una clienta de Fibertel, y en las declaraciones de Aníbal Fernández que llamó a los miembros de la Corte como “mentirosos con oficio”.

No hay nada espontáneo en el kirchnerismo ni en sus seguidores, todo sigue una puesta en escena cuidadosamente delineada en los despachos oficiales. Por estas horas, Néstor Kirchner debe estar añorando la Corte que Carlos Menem supo diseñar en los noventa, aquella mayoría automática siempre diligente a fallar de acuerdo con las necesidades del poder. Seguramente el hombre fuerte del gobierno debe estar arrepentido de los cambios que impulsó en otras épocas. El Kirchner de hoy está acercando a la Argentina peligrosamente al autoritarismo y de la misma manera que disciplina gobernadores, intendentes y empresarios; ahora pretende amedrentar a los miembros de la Corte con Hebe de Bonafini como mascarón de proa. ¿Cuánto tiempo pasará para desde el gobierno acusen a la Corte de golpista? ¿Cuándo los voceros de siempre intentarán equipararla con la Corte de Honduras involucrada en el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya?

El mecanismo de análisis del kirchnerismo es ciertamente simple. Todas sus iniciativas tienen por objetivo profundizar el modelo, que es la patria y aquellos que están en contra del modelo no son más que traidores a la patria. Esa es la consigna de la arenga de Hebe de Bonafini y de la Presidenta cuando embiste contra el juez Segarra. Cualquiera de disienta es un traidor al servicio de los intereses del Grupo Clarín, de los monopolios y necesariamente fueron cómplices de la dictadura. No hay lugar para posiciones equilibradas, ni para grises porque la construcción de un relato de fractura tiene el cometido de trazar una línea entre amigos y enemigos, halcones y palomas, leales y traidores.

En este clima de ruptura la Presidenta declaró, minutos antes que Bonafini amenazara con tomar el Palacio de Tribunales, que “la Argentina es un lugar más que interesante para invertir”. Sus palabras no deben sonar demasiado creíbles cuando desde el gobierno se apaña a una señora que pretende echar a patadas a los miembros del más alto tribunal de justicia de la Argentina porque sospecha que su fallo sobre la Ley de Medios no va a ser de su agrado. El kirchnerismo es el principal destituyente de sí mismo y es su militante más torpe. La prueba es que no se habla de las supuestas bondades de la ley, sino que toda la movilización de ayer –armada principalmente por los intendentes del conurbano siempre ávidos de fondos- quedó totalmente empañada por la violencia de la Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo; que también hay que decirlo es una beneficiaria de la generosidad de los fondos que administra el kirchnerismo.

La misma Corte que denostó Bonafini es la que declaró la inconstitucionalidad del indulto, de las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final y que impulsó y que a través de los fallos Badaro I y II el Congreso discuta el 82% móvil para los jubilados. No sólo es una falta de respeto relacionar a los miembros de esta Corte con la dictadura, es irreal, mentiroso y obedece a una construcción pseudo ideológica que el gobierno pretende imprimirle a esta batalla que no tiene nada de épica y sólo busca la permanencia en el poder del matrimonio presidencial. El discurso de la jefa de las Madres de Plaza es claramente destituyente y ayer fue aplaudida por varios funcionarios y legisladores del oficialismo, lo que torna la situación más grave aún. Hasta ahora el gobierno no ha dicho absolutamente nada sobre el discurso de Bonafini, algo que parece ser lo mismo que darle un apoyo tácito. Ayer, también estuvieron las pancartas con la cara de varios periodistas; fue la segunda vez que aparecieron aunque esta vez tuvieron la delicadeza de firmarlas. Esos periodistas exhibidos en la plaza pública son los que el poder considera sus enemigos y son denostados y ridiculizados en cada programa del multimedios estatal. Es una clara manifestación del desprecio a la libertad de expresión que tiene el kirchnerismo y que día a día ponen de manifiesto sus operadores. Por eso, cuando los funcionarios del gobierno sostienen que la nueva ley de medios garantizará la pluralidad de voces es una afirmación muy difícil de creer por la sencillo razón que el oficialismo tiene desprecio por el disenso y por aquellos que piensan distinto. El kirchnerismo quiere pluralidad de voces que reproduzcan a coro el mensaje oficial y que sea la única música que suene en todo el país.

Néstor Kirchner está quemando las naves con miras a ganar unas elecciones que para las que faltan más de un año. La pregunta que hay que hacerse es ¿qué viene después? ¿Cuál es el próximo movimiento? Hoy es imposible saberlo, pero sobre lo que no hay duda es que Kirchner seguirá tensando la cuerda y el final está abierto.

CAMAÑO: “KIRCHNER ESTA LOCO Y TIENE PLATA”

Graciela Camaño La diputada Graciela Camaño es la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y allí es donde se discutirán los distintos proyectos que tiene la oposición para intervenir la Santa Cruz, a raíz de la negativa del gobernador Daniel Peralta de reponer en su cargo al ex Procurador Eduardo Sosa.

Es una legisladora dura alineada en el Peronismo Federal y una de las que más experiencia tiene en la Cámara de Diputados. No duda en llamar loco a Néstor Kirchner y asegurar que “no entiende que la gente ya decidió que ni él ni su mujer van a ser presidente”, afirma en declaraciones a Contrapunto en FM Identidad 92.1.

Sostiene que el fallo de la Corte debe cumplirse pero asegura que no votará ningún tipo de intervención federal a la provincia porque, en este sentido, los legisladores tienen que ser “muy mezquinos” a la hora que entrometerse en un estado federal. Pero asegura que el gobernador Peralta debe “ser procesado por la justicia por desobediencia, porque piensa que por ser gobernador puede desobedecer a la justicia”,

Graciela Camaño considera que el tema es grave e importante, pero sostiene que la cuestión central que debe resolver el Congreso es el Presupuesto y considera que “el gobierno pretende gobernar sin presupuesto”.

Graciela Camaño en Contrapunto (FM Identidad 92.1)

LAS INVASIONES BARBARAS

 18376_NpAdvHover El gobierno decidió poner a la Corte Suprema de Justicia entre su nutrido listado de enemigos junto con el campo, el Grupo Clarín, la oposición y cualquier otro que pretenda poner límites a la .topadora kirchnerista. Las declaraciones de Carlos Zanini, secretario legal y técnico de la presidencia y uno de los hombres de mayor confianza del matrimonio presidencial, no dejan lugar a dudas: “No cambiamos la Corte para esto”. El funcionario es claro, no cambiaron la Corte para que cumpliera su función sino con el evidente propósito de construir una mayoría automática como la que rigió durante la década menemista. No se puede negar que, más allá de sus contradicciones discursivas, el kirchnerismo siempre termina por ser brutalmente sincero.

Definitivamente, el gobierno de los Kirchner decidió pasar a los miembros de la Corte a la lista de traidores y enemigos, luego del fallo donde por quinta vez le ordena al gobernador de Santa Cruz reponer en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa, cesanteado por Néstor Kirchner en 1995 cuando reinaba en su provincia.

Como de costumbre el kirchnerismo no sólo decidió que no va a respetar el fallo sino que, como es su costumbre, doblará la apuesta. Primero una marcha en contra de la Corte en Tribunales y el 8 de octubre el mismo Néstor Kirchner comandará sus tropas en Santa Cruz. Los Kirchner están dispuestos a acorralar la institucionalidad de la Argentina hasta un límite intolerable, cruzando la línea que separa los países civilizados de aquellos donde reina la voluntad del más fuerte. No cabe duda que la actitud del gobierno dinamita la institucionalidad de la Argentina y será aún más difícil convencer a algún inversor que confíe en el país. El grado de civilización de los países no sólo se mide por sus variables macro económicas, sobre ellas se ubica la institucionalidad y el respeto a la ley y a las instituciones. Eso es lo que en definitiva hace que un país sea predecible y es justamente en sentido contrario hacia donde marcha la Argentina. Así, el kirchnerismo le sacó al país un pasaje de ida al destierro de las naciones poco civilizadas.

En el Congreso los bloques de la oposición tratan de enhebrar un acuerdo que posibilite los cuatro proyectos de intervención que fueron presentados. Hay disensos pero todos están de acuerdo que el Poder Legislativo debe utilizar los instrumentos a su alcance para hacer cumplir el fallo de la Corte, tal como lo han establecido por unanimidad sus integrantes. El remedio se llama intervención federal y así está establecido en la Constitución Nacional. Objetivamente, la pertinaz desobediencia del gobernador Daniel Peralta lo ubica objetivamente en las causales del remedio federal.

El gobernador Daniel Peralta, que también es Kirchner, presuroso pidió instrucciones a su jefe político ni bien salió el fallo y fue el primero que habló de un golpe de estado a la provincia detrás del cual está encaramada el más alto tribunal. Más tarde, dobló la apuesta declarando que querían invadir la provincia. Una vez más el kirchnerismo es brutalmente sincero. Las palabras de Peral revelan los próximos pasos en la estrategia oficial en el embate que el gobierno dará a su más reciente enemigo. En este sentido, no sería raro que en los próximos días se quiera buscar un correlato entre la Corte argentina con la de Honduras que estuvo involucrada en el golpe de estado que derrocó al mandatario Manuel Zelaya. La estrategia no es nueva, ya que varios meses atrás en un encuentro protocolar que mantuvo la Presidenta con varios miembros del tribunal, no sin su clásico tono irónico Cristina Fernández de Kirchner los comparó con sus pares hondureños.

El gobierno ya trazó su estrategia y su decisión está tomada: Sosa no será repuesto en el cargo y la Corte será calificada de golpista. Ahora bien, si esta situación de por sí ya implica una grave crisis institucional; es difícil pensar que, en el hipotético caso que el Congreso aprobara una intervención federal, el gobierno vaya a acceder mansamente a cumplir con lo resuelto por diputados y senadores. La crisis institucional experimentaría una escalada dramática porque en ese caso se daría el caso del poder Ejecutivo colisionando con el Legislativo y el Judicial. Es cierto que aún es un escenario un tanto lejano porque, como siempre, el Senado es el gran escollo que debe vencer la oposición para llevar adelante sus proyectos. Esta es la apuesta del kirchnerismo para terminar con la crisis de Santa Cruz, juntar en el Senado las voluntades necesarias para obturar los objetivos de la oposición. Los métodos para conseguirlo serán los de siempre.