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RETALIATION CONTRA LA CORTE

CSJN

Retaliation: Represalia, venganza, desquite (Simon and Schuster`s International Dictionary). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene todo listo para dictar sentencia en la causa por la reforma del Concejo de la Magistratura, que la jueza María Romilda Servini de Cubría declaró inconstitucional. En las filas del oficialismo y de la oposición coinciden en que la sentencia será adversa al gobierno y terminará con la ley más polémica del paquete “democratizador de la justicia”. En esa derrota segura, como muchos afirman, es que se explican las expresiones del Senador Marcelo Fuentes, que comparó a la actual coyuntura política con aquellos días de 1955 que terminó con el derrocamiento de Juan Domingo Perón. En la misma línea se inscribe la catarata de tweets presidenciales que tuvieron como principal blanco al ministro Carlos Fayt y su edad para permenecer ocupando un sitial en el más Alto Tribunal. Al mismo tiempo, circula un rumor que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsa un proyecto de ley para ampliar los miembros de la Corte a diecinueve; casualmente el mismo número de concejeros que prevee la nueva ley del Concejo de la Magistratura declara inconstitucional. En Abril el juez Eugenio Zaffaroni había propuesto ampliar el número de jueces de la Corte también a diecinueve miembros los que se dividirían en salas.

La iniciativa presidencial, de confirmarse, se trataría ni más ni menos que la retaliation contra el tribunal que le propinaría una fuerte derrota política. Obviamente, aquellos mismos que sostienen la existencia de este proyecto también afirman que los cargos serían ocupados por jueces “amigos” del poder. Sería la reedición de la Corte adicta que supo tener Carlos Menem, quien amplió sus miembros a nueve.  Si bien no hay nada confirmado aún, el rumor es persistente y tiene verosimilitud porque no es el estilo de Cristina Fernández digerir las derrotas políticas y jurídicas pacíficamente. Además, una mayoría automática permitiría “reformar” la Constitución sin la necesidad de tener que atravesar el incómodo trámite de una reforma para la cual es muy probable que el gobierno no consiga el número suficiente de legisladores luego de las elecciones de octubre. Así, la posibilidad de una re reelección no sería una fantasía.

VAMOS POR FAYT

FAYT

La Presidenta Cristina Fernández volvió a utilizar su cuenta de Twitter para dejar sentada su posición sobre una cuestión ya resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero que parece querer reabrir en medio de la puja judicial que mantiene el gobierno por la reforma judicial.

A lo largo de cinco tweets, la Presidenta se refirió al caso del juez Carlos Fayt, el miembro de la Corte con mayor antigüedad y con 94 años, prácticamente declarando ilegal que siga siendo ministro del Alto Tribunal. Cristina Fernandez disparó: “Cuando mencioné el origen político de algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, se me olvidó nada más ni nada menos…el casi centenario miembro de la Corte, que pertenece al histórico y también centenario Partido Socialista. No puede ser! Si la Constitución Nacional establece un límite de 75 años para ser parte del alto tribunal…¿Ven que están mal informados? Por una acordada (decisión que puede tomar por simple mayoría la Corte Suprema)… la Constitución, la Ley y lo que diga María Santísima…out.  Dura lex no lex. (El aforismo me pertenece)”.

Es claro que las expresiones de la Presidenta forman parte del enfrentamiento que el gobierno mantiene con la Corte y que por estas horas se agudiza frente a la catarata de fallo adversos declarando inconstitucional los tramos más sensibles de la reforma judicial, como son las modificaciones que desde el Poder Ejecutivo se pretende introducer en el Concejo de la Magistratura.

En primer lugar es importante recordarle a la Presidenta, que la decisión que tomó la Corte en este caso no se trató de una acordada sino de un fallo, que popularmente se lo conoce como el Fallo Fayt. El conflicto surgió la Convención Constituyente de 1994 incorporó un requisito para que los jueces se mantuvieran en el cargo una vez cumplidos los 75 años, que alteraba el tradicional principio que los jueces “conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta (art. 110 CN). El tercer párrafo del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional establece: “Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.