DE VICTIMAS Y VICTIMARIOS



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El linchamiento es el nuevo fenómeno que ha estallado en la Argentina. El diccionario de la Real Academia Española define el verbo linchar como la ejecución sin proceso o tumultuosamente de un sospechoso o un reo. Implica la ruptura del contrato social de Thomas Hobbes, a través del cual el hombre resignaba parte de su libertad en favor del Estado para salir de su primitivo estado de naturaleza y alcanzar la felicidad. En definitiva para que deje de ser el lobo del hombre que se termina por fagocitar a sí mismo. Sencillo y fácil de entender. Una discusión superada en todo el mundo civilizado desde hace décadas.

Los casos de linchamientos que sucedieron en los últimos días demuestran de la manera más brutal y explícita la ausencia del Estado, de ese tercero al cual se le cede parte de la libertad para convivir en base a las reglas establecidas por un contrato social. En definitiva, termina siendo un nueva gran contradicción de un gobierno que por años hizo gala de privilegiar un Estado presente pero que en los casos de inseguridad está irremediablemente ausente. El kirchnerismo tiene esa rara habilidad de convertir en un problema lo que ya se resolvió.

A los fines de evitar cualquier mala interpretación, es necesario aclarar que nadie puede estar a favor de matar a una persona a golpes aunque sea el autor del más aberrante de los crímenes. Porque justamente eso es lo que nos hace vivir bajo las reglas de un contrato social y nos convierte en una sociedad civilizada. No cabe duda que aquellos que toman la justicia por mano propia se convierten en victimarios y por ende en delincuentes peores que aquellos a los que ejecutan. Ahora bien, hechas las aclaraciones de rigor es importante entender el fenómeno.

El kirchnerismo a lo largo de una década ninguneó el reclamo de seguridad de una enorme mayoría de la sociedad como sucede con la inflación, al punto que ni siquiera se atreven a nombrar ninguna de las dos palabras. Desde hace mucho tiempo las encuestas una y otra vez arrojan como resultado que la falta de seguridad es el principal reclamo de la gente. No se trata de una sensación, ni tampoco de una conspiraciónón mediática que pretende esmerilar a un gobierno que se jacta de sus logros, muchos de los cuales terminan siendo incomprensibles, y que jamás admitió una autocrítica por temor a mostrarse débil. La gente siguió reclamando y la única respuesta del poder político fue alumbrar un proyecto de Código Penal que deja la amarga sensación de proteger más a los delincuentes que a la sociedad. Claramente fue la respuesta de un gobierno y de parte de la oposición que nunca ha demostrado un verdadero interés por el problema. Finalmente, la gente se cansó y el hombre empezó a degradarse en lobo de sí mismo, convirtiendo a las víctimas en victimarios.

“Esta es una nueva arista de la inseguridad que es la reacción de la gente”, explica el Fiscal de Cámara Ricardo Sáenz al analizar los linchamientos.

Las declaraciones del secretario de seguridad Sergio Berni son al menos curiosas, cuando dice que la gente reaccionó con cierto hartazgo. Parece ser más un analista político que uno de los necesarios protagonistas del problema y le arroja el problema a la justicia como si los jueces fueran los responsables exclusivos de la inseguridad. Berni no se acuerda de que los jueces sólo entran en el juego una vez consumado el delito. Desafortunadamente, el secretario sigue la misma lógica del gobierno. No puede ser menos, Cristina Fernández de Kirchner, en una de sus últimas cadenas nacionales, llamó a la paz utilizando una frase remanida: “La violencia engendra más violencia”, para luego hacer una triste comparación con la “Noche de los Cristales Rotos”. Es evidente que la Presidente no entiende que lo que está generando violencia es la omisión del Estado en darle soluciones a la sociedad y la carencia de una política integral en materia de seguridad. Está claro que el proyecto de reforma del Código Penal no es la respuesta ni tampoco la banalización del problema resumiéndolo a un frívolo debate sobre la mano dura. Sería bueno que Cristina Fernández explicara su mirada política de la cuestión y cuál es la solución que puede implementar, algo que también sería útil en el caso del secretario Berni. La sociedad no necesita más comentaristas de la realidad, está exigiendo soluciones urgentes y menos retórica.

El gobierno no entiende el problema de la inseguridad y siempre se guió por prejuicios que terminaron por agravar el problema. El principal error del kirchnerismo es equiparar la represión del delito a la salvaje represión de la dictadura divorciada del Estado de Derecho. La doctora Diana Cohen Agrest explica: “El Estado se quedó aferrado a un único tipo de violencia que es la violencia del Estado. Después de cuarenta años estamos condenando a los victimarios de la dictadura y liberando a los victimarios de hoy”, declaró en Contrapunto (Fm Identidad 92.1).

El gobierno decidió transitar el camino de un mal llamado garantismo cuyo principal exponente es el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, que propone un cambio de paradigma en el cual el delincuente no es un victimario que con su conducta lesiona ese contrato social acuñado por Hobbes, sino una víctima de la sociedad que lo excluye. Es más, incluso hasta podría encontrarse un cierto grado de justificación en su accionar. La teoría del juez adolece de varias inconsistencias, pero la principal es que en su afán de garantizar y hasta justificar a un delincuente ignora a las víctimas.

El kirchnerismo siempre se ha caracterizado por reaccionar sólo cuando se encuentra ante situaciones extremas. En ese momento aflora el pragmatismo que todo peronista lleva en su ADN y arría sus banderas ideológicas que muta de acuerdo con la coyuntura política. Los cambios en la economía son el mejor ejemplo. Ahora llegó el momento de hacerse cargo de la seguridad porque los linchamientos demuestran que la situación es extrema.

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