EL PRECIO DE OPINAR DISTINTO



leuco

Alfredo Leuco es periodista y hace pocos días fue asaltado cuando se dirigía Radio Continental a cumplir con su participación como columnista en el programa que conduce Fernando Bravo. Los fríos datos de la crónica dicen más. Cuatro motochorros, a bordo de dos motos enduro, ataviados con ropa negra impermeable porque el día era lluvioso, con sus cascos puestos -como conductores responsables que deben ser- atacaron al periodistas que resistió todo lo que pudo pero terminó siendo derrotado. Los delincuentes consiguieron hacerse de un “suculento” botín consistente en cinco mil pesos, un pasaporte y una notebook. No es mucho para semejante operación, es probable que en esa zona una salidera bancaria fuera más rentable. Todo ocurrió a pocas cuadras de la Casa de Gobierno, en un zona llena de turistas que todos los días acaparan las mesas del histórico Café Tortoni.

Ni bien se conoció el hecho comenzaron a tejerse todo tipo de conjeturas. ¿Se trataba de un simple hecho de inseguridad o el gobierno estaba involucrado? Los dos escenarios por cierto son graves, lo que sucede es que uno es peor que el otro. Es más, debatirse entre las dos posibilidades por el solo hecho que alguna sea cierta ya es muy grave.

No es ninguna novedad que los argentinos nos acostumbramos a ser víctimas de la inseguridad y que los motochorros ya son un elemento cotidiano del paisaje urbano. No tiene nada de anormal ser blanco de cuatro tipos a bordo de motos que a plena luz del día, en uno de los lugares más concurridos de la Ciudad de Buenos Aires que luchen por hacerse de una mochila. Los hechos protagonizados por motochorros son tantos que ya ni siquiera tienen demasiada relevancia periodísticas y todas las iniciativas legislativas para regular la actividad de los motoqueros como chalecos, que no puedan llevar un acompañante y algunas otras que fueron olvidadas hace mucho. Pero en este caso hay cuestiones que no pueden ser pasadas por alto y que inevitablemente llevan al otro escenario. Ser víctima de un par de motochorros en estos tiempos no tiene nada de excepcional -algo que ya de por sí es grave-, pero de cuatro es más que extraño y mucho más para conseguir un botín más que magro. La ecuación costo beneficio no cierra. El otro problema es que la víctima es Alfredo Leuco, un periodista que forma parte del grupo de colegas que decidió denunciar al gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una noticia que al gobierno no le cayó nada bien. Así, entramos en el segundo escenario que es peor y más aterrador, que no se trató de un simple hecho de inseguridad sino de un apriete liso y llano. Muchos son los que piensan esto último y el propio Alfredo Leuco lo deja entrever desde su columna en Perfil. Es serio y grave si es cierto, pero el solo hecho de pensar que desde el gobierno alguien pudiera urdir una maniobra semejante y a nadie le parezca descabellado es gravísimo. Pone de relieve de manera descarnada y brutal el clima de fractura que se vive en la Argentina. Mejor no hablar de ciertas cosas porque después pasan cosas sospechosas. Son avisos.

La misma semana Magdalena Ruiz Guiñazú, que fue una de las voceras de las denuncias que los periodistas hicieron ante el organismo internacional, protagonizó un hecho más burdo y torpe que el de Leuco aunque no menos grave. Dos funcionarios de la Afip se presentaron en su domicilio para notificarla que aporte información sobre sus movimientos contables correspondientes al 2012 y al 2013;  justo veinticuatro horas después que la periodista denunciara los aprietes del gobierno a la prensa independiente. La Afip justificó su accionar a través de un comunicado, diciendo que Magdalena había solicitado pagar menos impuestos a las ganancias del que originalmente había declarado y le estaban requiriendo información como al resto de los 7.443 contribuyentes que efectuaron esa “solicitud especial”. Es decir, siempre según la versión del organismo, uno debe entender que sus funcionarios van a hacer 7.443 visitas a los domicilios de cada uno de los contribuyentes para requerirles información. Es lo que se llama una verdadera atención personalizada. Magdalena negó que hubiera efectuado algún pedido para pagar menos impuestos, que no tendría nada de malo si efectivamente ganó menos en el año. Lo curioso es que los empleados de la Afip no dejaron ninguna notificación.

Por su parte, el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, cuya permanencia en el cargo es origen de todo tipo de rumores, declaró: “Es increíble que una comunicadora, con la responsabilidad que este rol implica frete a la sociedad, crea que debe estar al margen de la ley y que el Estado tiene que aceptar su pretensión de pagar menos impuestos sin siquiera presentar un papel que lo justifique”. La reacción de Abal Medina es lamentable y contradictoria con la de la propia Afip, que de por sí ya es poco creíble. ¿Abal Medina cree que los 7.443 contribuyentes que efectuaron una solicitud especial a la Afip se encuentran todos ellos al margen de la ley? ¿Cree el Jefe de Gabinete que es ilegal peticionar ante un organismo público? Juan Manuel Abal Medina parece que no recuerda que pertenece a un gobierno que tiene decenas de funcionarios con serios problemas para justiciar el crecimiento de su patrimonio.

A esta altura no es ningún secreto que el gobierno utiliza a la Afip como grupo de tareas para amedrentar y presionar. Luis Majul, Francisco De Narvaéz, el agente inmobiliario Rodrigo Saldaña y Juan José Campanella pueden dar buena cuenta de ello. No son los únicos, ni tampoco serán los últimos. Existe un pensamiento generalizado que la Afip hace rato dejó un organismo técnico encargado de recolectar impuestos, para convertirse en una suerte de policía política que utiliza el gobierno para silenciar las críticas. Felizmente hasta el momento han fracasado.

Es difícil creer que lo que le pasó a Alfredo Leuco y a Magdalena Ruiz Guiñazú sea fruto de una mala jugada del destino o de la Ley de Murphy. Si se trató de dar un mensaje, ese mensaje no está dirigido a las víctimas sino al resto y dice que es mejor no meterse con el gobierno. El Jefe de Gabinete sostiene que los que vinculan el robo a Leuco con el gobierno “son delirantes”. El problema que tiene Abal Medina es que mucha gente cree que el gobierno es capaz de estar detrás de algo así y sus inflamadas declaraciones sobre ambos casos distan mucho de aclarar algo. La reacción del ministro recuerda bastante a la que tuvieron los funcionarios del menemismo cuando Pino Solanas fue baleado, un episodio que nunca se esclareció y no sería aventurado pensar que el protagonizado por el Leuco corra el mismo destino. “Hay un libertad de expresión absoluta…todo el mundo puede opinar lo que quiera en la Argentina”, dice el jefe de gabinete. Es cierto, en la Argentina se puede opinar lo que quiera; pero también es verdad que el precio es cada vez más alto.

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