7D: EL DIA QUE NO TIENE QUE PASAR NADA



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A lo largo del fin de semana se ha desatado una guerra de spots publicitarios entre el gobierno y el Grupo Clarín en torno de lo que sucederá el 7 de Diciembre, o como se ha dado en llamar el 7D.

El gobierno sostiene que ese día, haciendo una extraña interpretación de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín tiene que cumplir el artículo 161 de la Ley de Medios y vender aquellas licencias de radio y televisión que no estén adecuadas a la norma. En el spot difundido en Fútbol para Todos, el Afsca –el organismo de aplicación de la Ley de Medios-, sostiene que Si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares, quienes obviamente deberán cumplir con todos los requisitos legales, como cualquier hijo de vecino. Además, califica al multimedios como una verdadera “cadena nacional ilegal”. Todo esto el 7D fecha que el mismo spot pide agendar.

La postura oficial quedó plasmada con mayor claridad en el programa oficialista 6,7,8 que en una de sus emisiones puso en su zócalo: “Corte Suprema: Clarín tiene que desinvertir antes de Diciembre”. El periodista de Página 12 Mario Wainfeld, escribió que el 7D no comenzará el plazo de un año para desinvertir porque a su juicio “ese no es el sentido del fallo”. Tanto Wainfeld, como 6,7,8 o el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina; no basan su posición en una argumentación jurídica y quieren hacer decir al fallo de la Corte algo que no dice. Es una expresión de deseos. Por eso, no es cierto como Cristina Fernández de Kirchner afirma, que la cadena ilegal del miedo y del desánimo tiene fecha de vencimiento y esa fecha es el 7D. Más allá de las consideraciones jurídicas, a las que volveremos más adelante, el gobierno parece estar preparándose para lo que podría llamarse la ofensiva final contra el Grupo Clarín y ese día proceder a su desguace por la fuerza. No sería antojadizo imaginar un batallón de gendarmes entrando a Canal 13, a TN  y tal vez también a Radio Mitre. Por las dudas, antes que alguien ponga en duda si el kirchnerismo sería capaz de hacer eso, la respuesta es que no sólo sería capaz de hacerlo, sino que además lo anunciaría como el día en que la Argentina ganó la soberanía informativa o cualquier otro slogan parecido y remanido.

En el centro de toda esta controversia está el artículo 161 de la Ley de Medios que textualmente dice: Los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento —en cada caso— correspondiesen”.

Es decir, que aquellos multimedios con mayor cantidad de licencias de las permitidas por la ley, el Estado les otorgaba un plazo de un año para venderlas. El Grupo Clarín entendió que esta norma viola sus derechos constitucionales, especialmente el derecho de propiedad e interpuso una medida cautelar, que es la que está vigente y vence justamente el 7 de Diciembre de este año. Ahora bien, el Gobierno y los periodistas oficialistas afirman que para ese día Clarín debió haber vendido las licencias que tienen en infracción a la ley. Son las mismas licencias que Néstor Kirchner les prorrogó en el 2005. Ninguno, desde la Presidente para abajo, han sido capaces de esgrimir un argumento jurídico que sustente esta afirmación.

El fallo de la Corte dice textualmente: “A partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26.522 y se aplica a la actora (Grupo Clarín). De ahí que estando su plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley, vencido el 28 de diciembre de 2011, sea plenamente aplicable a la actora con todos sus efectos a partir de la fecha indicada”.

No es necesario ser abogado para darse cuenta que, a partir del 7D empieza a correr el plazo de un año para que el Grupo Clarín desinvierta, es decir para que venda aquellas licencias no permitidas por la ley. Lo que ahora plantea el gobierno y sus voceros es contrario a Derecho, porque si se toma por cumplido el plazo de un año y Clarín tiene que llegar al 7D con la desinversión ya realizada la medida cautelar no tendría sentido. Probablemente, el lector se pregunte qué es una medida cautelar, también llamada precautoria. Lino Palacio, uno de los juristas argentinos más importantes, define a este instituto como “aquél que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva” (Palacio, Lino E., Manual de Derecho Procesal Civil, 14° ed, Abeledo Perrot, 1998, ps. 773-774). En suma, se trata de una medida que busca que no se afecten derechos mientras se sustancia aquello que los jueces llaman el fondo de la cuestión, que en este caso es el planteo de inconstitucionalidad que planteó el Grupo Clarín del artículo 161. Además, una medida cautelar busca que, protegiendo un derecho, que si no se resguardara “podría provocar que la sentencia que luego se dicte resulte ineficaz”, como lo señala el Dr. Ezequiel Cassagne. Para el caso en cuestión significa que si al Grupo Clarín se le obligara a vender determinadas licencias de radio y televisión, y más tarde en el hipotético caso que el justicia declarara que el artículo 161 es inconstitucional, el daño al multimedios ya se habría consumado sin la posibilidad de retrotraer la situación a su estado anterior y esa sentencia se habría convertido en abstracta. Ese es el objetivo de una medida cautelar. Pero si el gobierno entiende que el plazo está cumplido el 7 de diciembre y Clarín no desinvirtió, estaría ignorando el efecto que tuvo la medida cautelar, que en este caso suspendió la aplicación del artículo 161 para el Grupo Clarín y por ende el plazo de un año que allí se establece.

Para que se entienda bien, el 7D cae la medida cautelar, que también podría dejar de tener efecto antes si con anterioridad a esa fecha el juez resuelve el fondo de la cuestión, que no es ni más ni menos que la constitucionalidad del 161. A partir de allí comenzaría a computarse el plazo de un año para desinvertir. En ello coinciden el Grupo Clarín, numerosos constitucionalistas y, paradójicamente, el vicegobernador Gabriel Mariotto, tal vez el principal impulsor de la ley. “A partir del 7 de diciembre de 2012 empieza a aplicarse para todos, incluso para el grupo monopólico Clarín, lo que esto implica que a partir de esa fecha el Grupo Clarín tiene un año para ajustarse a Derecho”, explica Mariotto en declaraciones a Visión 7. Es raro, pero la de Mariotto es en una interpretación contraria a la que ahora exhibe el gobierno y plantea la necesidad de llamar a un concurso público para otorgar esas licencias. Tal vez, sea por esta visión de Mariotto, extrañamente coincidente con la de Clarín, que Cristina Fernández de Kirchner haya decidido la nominación de Martín Sabbatella al frente del Afsca y haya corrido del organismo a Santiago Aragón, un hombre de Mariotto que lo había reemplazado a principios de año al frente del organismo.

DIFERENTES ESCENARIOS

Ahora bien, en forma adrede el relato oficial soslaya varias cuestiones jurídicas elementales; tal vez sea por ello que fueron pocos funcionarios con formación de abogados quienes hayan actuado de intérpretes del fallo de la Corte. Supongamos que el juez de primera instancia declarara que el artículo 161 no es contrario a la Constitución Nacional. Como primera medida caería la medida cautelar porque se habría resuelto el fondo de la cuestión y comenzaría a correr el plazo de un año. No es necesario ser jurista para darse cuenta que, obviamente, el Grupo Clarín apelaría la decisión del magistrado a la Cámara y al mismo tiempo interpondría una nueva medida cautelar hasta que fuera resuelta la apelación. Si le fuera concedida la medida cautelar, una vez más volvería a suspenderse la vigencia del artículo 161 y por ende el plazo de desinversión, hasta que la Cámara fallara o con un máximo de 36 meses como lo establece el fallo de la propia Corte. Es cierto que la Cámara también podría denegar la cautelar, algo improbable porque tendría que fundamentar su decisorio en contra de numerosos precedentes jurisprudenciales, y en ese caso Clarín podría recurrir a la Corte.

La Cámara podría, al igual que el juez de primera instancia, declarar constitucional el artículo 161. Entonces, el Grupo Clarín apelaría a la Corte para que resuelva el fondo de la cuestión, y por supuesto también interpondría una medida cautelar.

Otra posibilidad es que el juez no se pronuncie acerca de la constitucionalidad del 161 y llegue el ya célebre 7D. Como resolvió la Corte Suprema en su fallo, la medida cautelar caería porque estableció esa fecha como límite para su validez. Sin embargo, nada impediría al Grupo Clarín interponer otra medida cautelar, como de seguro lo hará si se da este supuesto, para proteger el derecho constitucional que cree violado con los mismos fundamentos que lo hizo con la primera.

Los supuestos que ensayamos son apenas algunos de los que podrían darse, pero todos llevan a una misma solución y es que el 7D el gobierno no podría quitarle medios al Grupo Clarín si no es violando la ley.

PATRIMONIO VS LIBERTAD DE EXPRESION

Uno de los argumentos que ha esgrimido el Grupo Clarín es que el artículo 161 de la Ley de Medios viola la libertad de expresión. Sin embargo, cuando el grupo interpuso la medida cautelar basó, principalmente, su fundamentación en el daño patrimonial que le ocasionaría la pérdida de licencias  afectando el derecho a la propiedad. La Corte sostuvo en su fallo que “en la causa no hay más que una mención al tema (el de la libertad de expresión), ya que la parte actora (Grupo Clarín) no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión”. En este punto, hay que decirlo, el Grupo Clarín hizo prevalecer su derecho patrimonial al de la libertad de expresión, por eso su argumentación en este sentido que hace públicamente se debilita. Es decir, le importó más la cuestión patrimonial que su propia libertad de expresión.

La panelista del oficialista 6,7,8 Mariana Moyano, ha hecho hincapié en este cuestión aunque poniendo de manifiesto una pasmosa ignorancia en los más elementales derechos constitucionales.  “Ubica la cuestión litigiosa dentro del campo patrimonial, es decir no hay nada inconstitucional en lo que está marcado en esta ley sino que estamos hablando en el campo patrimonial o sea la propiedad y no algo que tenga que ver con la Constitución”, explicó Moyano en Visión 7.

Claramente, el Derecho Constitucional no es uno de los fuertes de la periodista oficial. Moyano explica, haciendo gala de una gran ignorancia, que las cuestiones patrimoniales no tienen que ver con la Constitución. Es evidente, que la panelista de 6,7,8 no se ha tomado el trabajo de leer apenas las dos primeras dos líneas del artículo 17 de la Constitucional Nacional que dice: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”. No sólo que la propiedad es un derecho constitucional, sino que sólo cede frente a una expropiación, que el mismo artículo 17 establece cómo debe ser llevada a cabo poniendo de manifiesto la vital importancia que tuvo para los constituyentes la propiedad privada. Es evidente que Moyano no leyó y le hace decir al fallo de la Corte algo que no dice, y paradójicamente termina por desinformar; algo de lo que permanentemente el sistema mediático oficialista  acusa a Clarín de hacer.

Es cierto que Grupo Clarín utilizó tecnicismos legales para dilatar el proceso y tardó casi un año en notificar de su demanda al Estado. La Corte sobre esto ha dicho con razón que ello “resultaría demostrativo de un interés más centrado en lo provisional (es decir en la medida cautelar) que en la resolución definitiva del pleito”. Ahora bien, hay que preguntarse qué hizo el juez, o mejor dicho que no hizo, para tolerar esta situación irregular. Una vez más, el fallo de la Corte es claro cuando sostiene que “es deber de las partes y del juez solucionar el conflicto de modo definitivo en un tiempo razonable y no buscar soluciones provisorias que se transforman en definitivas”.

La Corte está advirtiendo a todos, pero en especial al Grupo Clarín y al juez que no se puede prolongar artificialmente la duración del proceso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el director del proceso es el juez y es quien debe velar por su transparencia. Si bien la ley exige, lo que en derecho se conoce como la buena fe procesal, es difícil pretender pedirle a un abogado que no utilice todos los medios legales a su disposición en defensa de los intereses de su cliente. En suma, el juez debió intimar al Grupo Clarín a que no dilatara el proceso.

Hay algo que dice Clarín y es cierto: el 7D no debería pasar nada. Pero no en defensa de ese multimedios sino en defensa del Estado de Derecho. Sin embargo, es difícil no imaginarse la imagen de un grupo de gendarmes, tal vez con Martin Sabbatella a la cabeza, entrando por la fuerza al Grupo Clarín en defensa del modelo pero en contra de los más elementales derechos constitucionales. La foto que ilustra esta nota se tomó cuando fueron allanadas las oficinas de Cablevisión, tal vez una imagen similar sea la tapa de los diarios el 8D.

 

 

 

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2 Responses to 7D: EL DIA QUE NO TIENE QUE PASAR NADA

  1. Mario Oscar Medina dice:

    Transcribo lo que dice el fallo de la corte:

    […]Por todo lo expuesto, y oído el señor procurador General de la Nación. SE HACE LUGAR A LA QUEJA, SE DECALARA PROCEDENTE EL RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL Y SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA EN CUANTO RECHAZÓ EL PEDIDO DE LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR Y SE FIJÓ SU PLAZO DE VIGENCIA EN TREINTA Y SEIS MESES, Y SE LAREVOCA EN LO RELATIVO AL MOMENTO DESDE EL CUAL DICHO PLAZO DEBE COMPUTARSE, EL QUE DEBE TENERSE POR INICIADO A PARTIR DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 VENCE LA SUSPENSIÓN DEL ART. 161 DE LA LEY 26522 Y SE APLICA A LA ACTORA. DE AHÍ QUE ESTANDO SU PLAZO PARA ADECUARSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY VENCIDO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2011, SEA PLENAMENTE APLICABLE A LA ACTORA CON TODOS SUS EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA INDICADA. […]
    Continúa con el final del dictamen y la firma de los integrantes de la corte. Me parece que no deja lugar a dudas de que el 7D se aplica la ley con el plazo de adecuación vencido. “no hay que ser jurista para darse de cuenta” es sólo una pequeña comprensión de texto.

  2. Victor Samaniego dice:

    ¿Cual es el origen del problema? aca lo axplican bien clarito http://youtu.be/kNnreyVRibQ

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