EL SOLDADO



61925 _anibal_fernandez Aníbal Fernández armó un verdadero escándalo al negarle al juez Sudera el apoyo policial necesario para efectuar un allanamiento en el gremio de Aeronavegantes. Esta vez no fue una de sus bravatas, que ya se han transformado casi en un aditamento folklórico del kirchnerismo y que muchas veces se asemejan más a las disputas propias de personajes mediáticos cercanos a Ricardo Fort y a Matías Alé. No, ahora el Jefe de Gabinete pasó a los hechos. Pero lejos de reconocer la torpeza jurídica de su decisión pasó varios tratando de justificarla. Habló de evitar un baño de sangre, de la inconstitucionalidad de la medida judicial, de sentencias contradictorias y hasta de evitar paros del gremio ante la proximidad de las fiestas y del verano. Sin embargo, sus explicaciones no alcanzaron para explicar lo que a cualquier estudiante de derecho lo haría merecedor de un aplazo sin atenuantes. El diputado Felipe Solá sospecha que Fernández sea abogado.

Al mismo tiempo que el Jefe de Gabinete daba sus inexplicables explicaciones, la Presidenta le pedía independencia a los jueces del poder económico y hacía un panegírico de lo que significa andar por la vida gobernando sobre tacos. Cuestión que por decoro y respeto a la investidura presidencial es preferible soslayar. La referencia elítica se relaciona con la decisión del juez Carbone de dar curso a una medida cautelar presentada por Clarín, cuestionando la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios, una de las criaturas más caras al sentimiento del kirchnerismo. Néstor, diputado y Presidente, cerraba la estrategia de pinzas atacando al Grupo Clarín.

En medio de la polémica dos ministros de la Corte, Carmen Argibay y Carlos Fayt, salieron con dureza a defender el rol de la Justicia. “Si no se acatan los fallos judiciales, volvemos a ley de la selva”, fue la rotunda expresión de la jueza.

El más grande daño que el kirchnerismo le está haciendo al país es llevarlo de regreso a la prehistoria, sumergiéndolo en discusiones que hace mucho que ya están saldadas en el mundo civilizado. Ya no se discute la división de poderes, ni la necesaria potestad que tienen  los jueces de utilizar la fuerza pública para hacer cumplir sus decisiones y del papel de árbitro que tiene el Poder Judicial para saldar conflictos. Claramente, no le compete a Aníbal Fernández discutir la constitucionalidad de una medida judicial para determinar el envío de la Policía Federal para hacerla cumplir. Sin embargo, el Jefe de Gabinete está dispuesto a comenzar a transitar una nueva doctrina jurídica, cuyo eje parece ser que las decisiones de los jueces antes de hacerse efectivas deben ser aprobadas por el Poder Ejecutivo.

Frente a este panorama es insólita la reacción del gobierno a las expresiones del diplomático norteamericano, Arturo Valenzuela que hizo pública la preocupación de las empresas de su país por la falta de seguridad jurídica que existe en la Argentina. El ex embajador de Néstor Kirchner en Washington, José Octavio Bordón hizo declaraciones en Contrapunto en el sentido que el gobierno no debió haber convertido el episodio en una escalada de las frías relaciones entre Washington y Buenos Aires.

La Presidenta entendió mal el triunfo de Barrack Obama, creyó que por su condición de afroamericano el actual Presidente de los Estados Unidos sería más permeable que sus antecesores. De hecho, Cristina hizo referencia en más de una oportunidad a su condición de haberse convertido en el mandatario de color. Desafortunadamente, la Presidenta y sus asesores obviaron ver los discursos de Obama durante su campaña en la que una y otra vez instaba a sus compatriotas a volver al camino trazado por los padres fundadores del país. En todos sus discursos de campaña, Obama repitió una y otra vez este eje que no implica otra cosa que retornar a los valores que hicieron grande y poderoso a los Estados Unidos, que a juicio de los Demócratas fue la senda de la que los apartó George Bush.

Por eso, si el gobierno argentino hubiera reparado en los discursos de Obama y no sólo en su color, comprendería que los dichos de Valenzuela son absolutamente coherentes con esas ideas. Es más, la mayoría de los estados entiende que una de las principales funciones de la diplomacia es la defensa de los intereses económicos, y obviamente, esto guarda una íntima relación con las empresas originarias de sus propios países radicadas en suelo extranjero.

No sólo los norteamericanos defienden a sus empresas, los brasileños han demostrado una y otra vez como sus diplomáticos presionan para que sus compañías hagan buenos negocios. Sin embargo, esto debe ser muy difícil de comprender para un gobierno, como el argentino, que creer que detrás de cada empresario se esconde un golpista.

Las declaraciones de Valenzuela generaron el enojo del gobierno, pero sus dichos no son originales. El diplomático no dijo nada que las empresas, no sólo las de su país, sino también las nacionales manifiestan.

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